Santo Domingo.- La Procuraduría General de la
Republica, informó que a través de la Procuraduría Fiscal del Distrito
Judicial de Montecristi, se procedió a presentar formal acusación en
contra de los agentes policiales supuestamente involucrados en la
ejecución de dos personas relacionadas al secuestro del joven Eduardo
Antonio Baldera Gómez, hechos escenificados el pasado 10 de octubre del
año 2009.
La acción procesal del Ministerio Publico se
sustenta en un expediente sustentado en las investigaciones realizadas
por la comisión designada en aquel momento para las indagatorias en
torno a la muerte de los señores William de Jesús Batista Checo y
Cecilio Díaz, quienes fueron sindicados como los supuestos
secuestradores del joven Baldera Gómez, y en otros elementos
probatorios.
Las autoridades revelan que en este caso existen
indicios y elementos probatorios suficientes, los cuales determinan que
los agentes policiales actuantes en el apresamiento y posterior muerte
de los sindicados en el secuestro de Baldera, cometieron irregularidades
en el ejercicio de sus funciones, en detrimento al más sagrado de los
derechos fundamentales: la vida.
En tal sentido, la Procuraduría Fiscal de
Montecristi sometió a la acción de la justicia por asesinato y
asociación de malhechores al entonces Teniente Coronel al coronel PN,
Lic. Alberto Trejo Pérez, y los Mayores de la PN Jesús Rafael Tejada
Tejada y Franklin E. Santana Martínez. Igualmente, fueron sometidos José
Luis Peralta Valentín y Catalino de Jesús Pérez, ambos con el rango de
2do Teniente de la Policía Nacional, así como el Alférez de Navío
Ramirito Dome Nina.No obstante, Domínguez Brito afirmó, que a pesar de
la acusación presentada, seguirá profundizándose la investigación hasta
conocer y procesar a todos los implicados en el caso.
Asimismo, enfatizó que el Ministerio Público no
permitirá violación alguna de los Derechos Humanos por parte de los
agentes del Estado ni por parte de ningún ciudadano, y les recuerda, a
los primeros, que sus acciones en el ejercicio de sus funciones, en caso
de actuar violentando los derechos fundamentales, no sólo los
compromete penalmente a ellos, sino que comprometen la responsabilidad
del Estado Dominicano ante los organismos internacionales.
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