SAN JUAN, Puerto rico.- La administración del gobernador Alejandro García
Padilla anunció ayer que la División de Derechos Civiles del Departamento de
Justicia y la Policía iniciarán una investigación sobre las denuncias de
agresión y discriminación hechas por una comerciante dominicana contra varios
agentes estatales y municipales.
El anuncio fue hecho por el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza
(sede del Gobierno), Jorge Colberg Toro, quien dijo que “se va a nombrar a un
fiscal para que investigue qué paso. No hay querellas, pero se va a actuar
porque ya hay unas denuncias públicas”.
Tambi´rn el jefe de la Policía , Héctor Pesquera, dijo ayer a El Nacional
que ordenó investigar las denuncias, pero se quejó de que la mujer no presentó
ninguna querella sobre la alegada agresión de que fue víctima por parte de
agentes estatales y municipales. Dijo que se reunió con el titular de Justicia,
Luis Sanchez Betances, de padres dominicanos, para coordinar la pesquisa en
torno a la violación de los derechos civiles de la comerciante.
"No nos han dado espacio para atender las denuncias, porque no hicieron
querellas", expresó el jefe policial para resaltar que "la protección de los
derechos civiles es nuestra responsabilidad constitucional y legal".
La comerciante dominicana Juana Burgos Valdez, denunció que el pasado 8 de
diciembre un contingente de policías estatales y municipales irrumpió en su
negocio de diversión ubicado en la avenida Américo Miranda, en Puerto Nuevo, de
esta capital. Burgos Valdez alega haber sido golpeada e insultada por varios de
los policías estatales y municipales, que acompañados de inspectores del
Departamento de Hacienda intervinieron en el establecimiento el mes pasado.
Aseguró en sus denuncias junto a directivos del Comité Dominicano de los
Derechos Humanos, que uno de los agentes le habría propinado un golpe que la
“hizo perder la mente” y cayó al suelo. Burgos Valdez sostuvo que también la
cargaron forzosamente hasta un vehículo de motor .
Se dijo que el incidente no fue aislado, ya que en los pasados meses agentes
estatales y de la capital han estado llevando a cabo operativos en el mismo
establecimiento, donde se venden bebidas alcohólicas.
Según informes, la mujer actuó como testigo en un caso en que supuestamente
la Policía quería que un joven dominicano se declarara culpable de robar un
automóvil.
En atención a que el Departamento de Justicia federal demandó al Gobierno
de la isla precisamente por abuso policiaco muchas veces contra dominicanos, el
Departamento de Justicia también estará llevando a cabo una reunión con el
liderato de esa comunidad.
En ese sentido, el secretario de Asuntos Publicos del Gobierno dijo que en el
encuentro a realizarse la próxima semana se estará discutiendo acerca de un
protocolo de intervención con miembros de la comunidad dominicana en la isla.
Se indicó que en la reunión participarán representantes de la Comisión pro
Derechos Civiles de la Comunidad Dominicana y de los residentes en Puerto Rico.
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