Escrito por: Tirso Mejía-Ricart.
En medio de la ola delincuencial que padece el pueblo dominicano, surgen voces cada vez más altas para que se aumenten las penas que deben recibir los que son hallados culpables de delitos graves, tanto adultos como menores.
Pero resulta que nuestro país es ya uno de los que tienen penas más largas por esos delitos, y sin embargo asistimos a una espiral de violencia criminal.
Ello nos obliga a buscar remedios en otros ámbitos, como son las condiciones de la vida social dominicana, así como en procedimientos judiciales y penitenciarios que pueden ser determinantes en esa situación.
La pobreza extrema, la pérdida brusca de poder adquisitivo, el estado de anomia por el vacío de poder que prima en nuestra sociedad, la pérdida de valores, la destrucción de la familia, la impunidad y la corrupción social que existen, agravadas por la emigración masiva a ciudades y el extranjero y la inmigración de extranjeros depauperados o antisociales, buscando mejores condiciones de existencia, muchas veces inducen a la delincuencia.
Las carencias en la educación, los servicios de salud y el empleo, son asimismo factores básicos en los niveles de delincuencia de la sociedad.
En el actual ordenamiento jurídico, las penas máximas son de 30 años. Estas nunca han sido cumplidas a capacidad, y por lo general son superiores a las que prevalecen en la mayor parte de los países.
Lo que sí podría sustituirse es el No Cúmulo de Penas, por el Cúmulo de Penas, aunque solo parcialmente; como por ejemplo, la mitad para una segunda condena y así sucesivamente, porque con eso se puede evitar que los penados pierdan la esperanza de rehabilitarse y se adiestren en nuevos delitos en la cárcel, y fuera de éstos, como sicarios. En el caso de los menores, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los transgresores de la ley relacionados con crímenes, son dirigidos por adultos, quienes los utilizan para evadir condenas mayores. Aquí lo que precedería sería solo recargarle más la retención si se niegan a revelar los nombres de los autores intelectuales, y en general tratar a los últimos no como cómplices, como a menudo se hace, sino como los verdaderos responsables de los crímenes.
Pero sobre todo, no hay que olvidar que el objetivo principal de todo sistema penitenciario es la rehabilitación moral y laboral de los reclusos, además de la defensa social y ésto supone la formación ética, el aprendizaje laboral y la consejería psicológica, sin tener que aumentar las penas. Ello supone una verdadera reforma penitenciaria, no puramente cosmética.
Lo demás sería pura insensatez antihistórica…
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