Julio Vasquez.

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martes, 11 de marzo de 2014

Los obispos bolivianos piden a Evo Morales que ilegalice la píldora del día después tras la sentencia del Constitucional

Los obispos bolivianos pidieron ayer lunes al gobierno del presidente Evo Morales que elimine, en el marco de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional , que elimine la vigencia de la píldora del día después, porque en ningún caso puede considerarse un anticonceptivo, pues al contrario tiene características abortivas en clara contradicción con el fallo emitido por esta instancia judicial que establece el respeto a la vida desde el momento de su concepción.

(ANF/El Deber) En conferencia de prensa, el secretario general de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), Mons, Eugenio Scarpellini, dijo que la Iglesia sostiene que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha sentado jurisprudencia constitucional, estableciendo expresamente el reconocimiento legal del derecho a la vida establecido en la Constitución Política del Estado, como parte de los derechos fundamentales de todas las personas, sin distinción alguna, ni por raza, color, edad, etc.
«Entendemos que en dicha sentencia se reconoce el respeto a la vida desde el momento de la concepción, en coincidencia con los principios de la doctrina cristiana y de toda cultura y concepción religiosa presentes en el mundo. En coherencia con este reconocimiento, llamamos al Órgano Ejecutivo, en especial al Ministerio de Salud, a eliminar del sistema de salud la píldora del día después que en ningún caso puede considerarse un anticonceptivo, sino que tiene características abortivas en clara contradicción con la sentencia», señala el documento firmado por los obispos y leído por Monseñor Scarpellini.

Lamentan que se pueda abortar en determinados casos

Asimismo, la Iglesia lamenta que el fallo constitucional, al eliminar la necesidad de sentencia judicial para los casos de delitos sexuales: violación, rapto, estupro e incesto, «abre las posibilidades que si no son reglamentadas de forma clara darán lugar a la legalización de facto del aborto».
«Ponemos especial énfasis que no puede entenderse que, a partir de la publicación del fallo puedan realizarse abortos en el marco de la impunidad, cuando se tratare de un embarazo resultante de una violación o si corriera peligro la vida de la madre, porque esta práctica, que de cualquier manera la Iglesia rechaza enfáticamente por ser contraria al derecho a la vida, sin distinción, debe ser regulada y normada debidamente, evitando excesos y arbitrariedades. Realizar abortos «a sola presentación de una denuncia»sería, en este momento, someterse a procesos penales», indica la posición asumida por los obispos.

El aborto es inmoral aunque a veces pueda ser legal

Los obispos recordaron a todos los creyentes católicos que atentar contra la vida concebida es una gravísima falta moral, aún en los casos en que pueda ser legal. El comportamiento moral obliga en conciencia, aunque la ley no lo haga. «Jesús en el evangelio, no sólo nos recuerda el precepto de no matar, sino que incluso lo radicaliza: Han oído que se dijo a los antepasados: »No matarás« y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante el tribunal, pero yo les digo que todo aquel que se encolerice con su hermano será culpable ante el tribunal… Mt 5, 21-22. Por ello solicitamos expresamente el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia para los médicos y personal sanitario, en todos los casos».
De acuerdo con los obispos, la vida humana es independiente de las condiciones, tantas veces violentas y fruto del pecado y la maldad, en las que haya podido ser concebida. Por ello debe ser protegida siempre como don de Dios y valor absoluto. Además el aborto no resuelve el trauma de una violación u otra acción violenta, sino que lo empeora, llevando a la madre a verdaderas situaciones sin salida.
En ese marco, confían que la recomendación realizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional con referencia a normar los derechos sexuales y reproductivos, será asumida por los asambleístas respetando el derecho a la vida y los derechos humanos universales, expresamente reconocidos por la Constitución Política del Estado.