La Corte Suprema sudanesa interviene en el caso de Meriam Yehya Ibrahim,la mujer cristiana de 27 años, embarazada de ocho meses y condenada a muerte. Lo ha confirmado Antonella Napoli, presidenta de la asociación «Italians for Darfour», que trabaja por los derechos humanos en los países africanos. «Evitar la pena de muerte es posible» ha anunciado. Explica que han tenido la confirmación de Khartoum de Sudan Change Now, Khalid Omer Yousif, que sigue el caso desde que Meriam fue arrestada el 17 de febrero.
(Zenit/InfoCatólica) Meriam ha sido condenada a muerte «por haberse convertido del Islam al cristianismo, tras casarse con un cristiano de Sudán del Sur». Además ha sido castigada a recibir latigazos por el delito de adulterio, ya que su matrimonio no es considerado válido para la ley islámica. Actualmente, la joven se encuentra en la cárcel con su primer hijo, que ahora tiene 20 meses.
El tribunal dio a la mujer tres días para renunciar a su fe, pero la mujer no lo hizo. Ella sostiene haber sido educada como cristiana ortodoxa, la religión de su madre, porque su padre, musulmán, estuvo ausente durante su infancia.
Daniel Wani, su marido, en declaraciones a la cadena CNN confesó su frustración al no saber qué hacer para obtener la libertad de su esposa y aseguró refugiarse en la oración.
Por su parte, Amnistía Internacional ha lanzado una campaña de recogida de firmas para detener la condena de Meriam. La organización considera que la joven sudanesa «es una presa de conciencia, declarada culpable por sus creencias religiosas y su identidad, y debe ser liberada de inmediato. La criminalización del adulterio viola los derechos a la libertad de expresión y de asociación, y su aplicación discrimina invariablemente a las mujeres.
La pena de flagelación y el uso de la pena de muerte violan la prohibición absoluta de infligir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contenida en el derecho internacional de los derechos humanos. Amnistía Internacional se opone al uso de ambos en todos los casos sin excepción. También se opone a que la «apostasía» sea considerada un crimen porque es incompatible con el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión». Al igual que Amnistía Internacional, otras organizaciones y desde las redes sociales ha habido una fuerte movilización en rechazo de la pena impuesta a la joven.
Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, la portavoz de la organización en Italia -Marta Petrosillo- cuenta a Radio Vaticana que conocen bien la realidad de los cristianos en este país «del que no se habla tan a menudo como de otros países. Es realmente una situación dramática. Sabemos que en el país está en vigor la «Sharia» y es aplicada a todos los ciudadanos, de cualquier fe sean. Recuerdo hace algunos años el caso de un chica cristiana azotada porque llevaba una falda un centímetro por encima de la rodilla. Así como tantos otros casos similares».
En la entrevista se recuerda el caso de la también madre y cristiana pakistaní Asia Bibi, la portavoz de AIN explica que «son testimonios fuertes que deben hacernos reflexionar y sobre todo dos mujeres. Porque hoy por hoy, en muchos países ser una mujer cristiana significa ser dos veces vulnerable, ya sea por ser mujer como por pertenecer a la comunidad cristiana. Son realmente dos ejemplos que deben hacer reflexionar, dos ejemplos de un fuerte testimonio de fe».
El tribunal dio a la mujer tres días para renunciar a su fe, pero la mujer no lo hizo. Ella sostiene haber sido educada como cristiana ortodoxa, la religión de su madre, porque su padre, musulmán, estuvo ausente durante su infancia.
Daniel Wani, su marido, en declaraciones a la cadena CNN confesó su frustración al no saber qué hacer para obtener la libertad de su esposa y aseguró refugiarse en la oración.
Por su parte, Amnistía Internacional ha lanzado una campaña de recogida de firmas para detener la condena de Meriam. La organización considera que la joven sudanesa «es una presa de conciencia, declarada culpable por sus creencias religiosas y su identidad, y debe ser liberada de inmediato. La criminalización del adulterio viola los derechos a la libertad de expresión y de asociación, y su aplicación discrimina invariablemente a las mujeres.
La pena de flagelación y el uso de la pena de muerte violan la prohibición absoluta de infligir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contenida en el derecho internacional de los derechos humanos. Amnistía Internacional se opone al uso de ambos en todos los casos sin excepción. También se opone a que la «apostasía» sea considerada un crimen porque es incompatible con el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión». Al igual que Amnistía Internacional, otras organizaciones y desde las redes sociales ha habido una fuerte movilización en rechazo de la pena impuesta a la joven.
Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, la portavoz de la organización en Italia -Marta Petrosillo- cuenta a Radio Vaticana que conocen bien la realidad de los cristianos en este país «del que no se habla tan a menudo como de otros países. Es realmente una situación dramática. Sabemos que en el país está en vigor la «Sharia» y es aplicada a todos los ciudadanos, de cualquier fe sean. Recuerdo hace algunos años el caso de un chica cristiana azotada porque llevaba una falda un centímetro por encima de la rodilla. Así como tantos otros casos similares».
En la entrevista se recuerda el caso de la también madre y cristiana pakistaní Asia Bibi, la portavoz de AIN explica que «son testimonios fuertes que deben hacernos reflexionar y sobre todo dos mujeres. Porque hoy por hoy, en muchos países ser una mujer cristiana significa ser dos veces vulnerable, ya sea por ser mujer como por pertenecer a la comunidad cristiana. Son realmente dos ejemplos que deben hacer reflexionar, dos ejemplos de un fuerte testimonio de fe».
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