Thomas Pérez, el abogado hispano nominado hoy por el presidente estadounidense, Barack Obama, para liderar el Departamento de Trabajo tiene un largo historial de investigaciones en defensa de los derechos civiles, entre las que destaca la realizada sobre el alguacil de Arizona Joe Arpaio.
En diciembre de 2011, desde su puesto al frente de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, capitaneó un informe en el que denunciaba políticas discriminatorias y prácticas de perfil racial en detenciones y arrestos de conductores latinos en el Condado de Maricopa, jurisdicción de Arpaio.
"Nuestro reporte encontró un patrón que existe dentro de la oficina del alguacil Arpaio y creemos que deben ponerse en marcha cambios", valoró en esa ocasión Pérez, quien instó al alguacil a "cooperar" con el Gobierno federal para corregir estas violaciones, bajo la amenaza de recortar los fondos federales que recibe el condado de Maricopa para sus cárceles.
Antes de asumir la dirección de la división gubernamental de Derechos Civiles en 2009, este hijo de inmigrantes dominicanos de 51 años fue secretario de Trabajo en el estado de Maryland, bajo el mandato demócrata del gobernador Martin O'Malley.
Definido como "un líder pragmático y un constructor de consensos" por la Casa Blanca, el abogado latino también fue responsable del bloqueo por parte del Departamento de Justicia a las leyes de identificación de votantes propuestas por los estados de Carolina del Sur (2011) y Texas (2012), en las que muchos veían un intento de disuadir el voto de las minorías.
Residente desde hace años en Takoma Park (Maryland), Pérez es graduado por la Universidad de Brown, hizo un doctorado en la Harvard Law School y está casado con la abogada de la Clínica Legal de Washington para los sin techo Ann Marie Staudenmaier, con quien tiene tres hijos.
A su vez, es hijo de familia numerosa, con cuatro hermanos -todos ellos médicos- y con quienes tuvo que salir adelante junto a su madre tras el fallecimiento de su padre cuando él sólo tenía doce años.
Pese a la nominación de Obama, la confirmación de Pérez se prevé reñida en el Senado, dada la publicación la semana pasada de un informe del inspector general del Departamento de Justicia, Michael E. Horowitz, en el que criticó la, a su juicio, profunda brecha ideológica que impera en el departamento de derecho al voto de la división de Derechos Civiles.
Esta polarización, traducida muchas veces en "desconfianza" entre empleados progresistas y conservadores, afecta "el buen funcionamiento" del organismo, según el inspector general.
"Encontramos numerosos y preocupantes ejemplos de acoso y marginalización de empleados y responsables", indicó el informe de 258 páginas, en el que se compilaron correos electrónicos, "posts" de internet y ataques personales entre abogados y personal del departamento dirigido por Pérez.
Las raíces de esta investigación se remontan a enero de 2009 (últimos días de la presidencia de George W. Bush), cuando el Departamento de Justicia interpuso una demanda contra el Nuevo Partido de las Panteras Negras (supuestamente defensores de los intereses de los afroamericanos), por presunta intimidación a pie de urna a votantes blancos en las elecciones de 2008.
Pocos días después, cuando Barack Obama y Thomas Pérez ocuparon sus respectivos cargos, el propio departamento pidió que se retirasen los cargos contra tres de los cuatro acusados por intimidación.
Pese a las polémicas que rodean la presunta fuerte huella ideológica en su gestión, Pérez siempre ha defendido su objetividad, como declaró tras la investigación llevada a cabo sobre Arpaio: "Nuestro papel es y seguirá siendo descubrir la verdad, nosotros comenzamos esta investigación sin conclusiones preconcebidas", aseguró entonces. EFE
Autor: Marc Arcas
efe.
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