Partiendo de la premisa anterior, podemos deducir que nosotros como nación siempre hemos estado abiertos a todos los extranjeros que quieran invertir en el territorio dominicano como de suyo ha pasado con las compañías de telecomunicaciones, de constructoras, de producción alimenticia, etc.
Hemos de reconocer que toda persona física o jurídica que quiera invertir, sea nativo o extranjero, procurará tener beneficios económicos, lo cual es algo justo, pero esos beneficios deben ser equitativos, cualificados y proporcionados; en otras palabras, siempre deben ganar, pero los beneficios que debe aportar por ley a la nación nunca pueden ser pírricos, desiguales e injustos.
En cualquier tipo de contrato se contempla las ganancias que obtendrá el país, en este caso de la “Barrick Gold, Pueblo Viejo”, pero todo pacto debe contemplar, si es justo, la cláusula de sentarse de nuevo, si las ganancias o beneficios que recibimos soy muy desiguales, que es lo que ha ocurrido, pues el precio del oro en los mercados internacionales ha aumentado de manera vertiginosa, y no es justo que las ganancias sean las mismas, solo porque así se ha pactado hace varios años con el Gobierno Dominicano.
Sería una vil manipulación expresar que revisar esos acuerdos, (en su momento aprobado por ambas cámaras y firmado por el poder ejecutivo en el año 2009), es una violación a los Tratados Internacionales, y que esa forma de proceder es abrir un agujero al Estado de Derecho, so pena que los extranjeros que han invertido se vayan, y/o que se ahuyente a los que desean invertir.
Las palabras del presidente Danilo Medina, cuando rindió las memorias de sus seis primeros meses de gobierno, el pasado 27 de febrero, dio garantía de que los acuerdos estipulados se respetarán, y que no hay intención de afectar o romper los contratos del gobierno con la Barrick Gold, sino mas bien que hay que sentarse de nuevo a negociar, pues en la actualidad de cada 100 dólares de beneficios, la empresa Barrick Gold, sólo traspasa a las árcas del Estado Dominicano, la irrisible suma de 3 dólares. Es un reclamo del pueblo dominicano, y el señor Presidente es el administrador de nuestros recursos naturales, y ha hecho bien al decir que los actuales acuerdos son “sencillamente inaceptables”.
Al cambiar las circunstancias, también deben cambiar los acuerdos. Danilo ha sido prudente y paciente, pues solo se quiere revisar los aspectos fiscales del contrato, pues el esquema actual no beneficia a la República Dominicana. Argumentaba el presidente Medina, que no somos los únicos que estamos reclamando una mayor justicia distributiva de los beneficios generados por la explotación de los recursos no renovables, otros países, en su momento, hicieron lo mismo.
El Mensaje de los Obispos dominicanos, divulgado el 27 de febrero, se expresó implícitamente al respecto: “… Siguiendo el ideal…de la patria soñada por Duarte, se requiere que…los representantes del poder ejecutivo, legislativo y judicial…actúen con la suficiente voluntad política para defender el patrimonio nacional, especialmente los recursos naturales y el ecosistema, frente a inversionistas extranjeros o nacionales que atenten contra éste de manera indiscriminada y en perjuicio del bien común”. (Cf. nro. 79).
Felipe de Jesús Colón Padilla.
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