Ante aquel santuario marítimo, aquellas aguas azul turquesa, esa arena blanca como copos de nieve, me imaginé que los Dioses de la antigua Grecia habían descendido a la Tierra para danzar en las profundidades de aquellas aguas majestuosas.
Ese paraíso terrenal nuestro, ese patrimonio nacional donde convergen en armonía vidas vegetal, animal se ve, una vez más, amenazada por los mismos intereses y ambiciones de siempre.
Recuerdo cómo a finales de la década de los noventa y principio del milenio, las organizaciones de la sociedad civil se manifestaban en marchas, vigilias, recolectas de firmas, protestando para que el poder Legislativo aprobara la Ley de Áreas Protegidas, precisamente con la finalidad de proteger ese territorio de las manos destructivas, fraudulentas y depredadoras que para beneficio propio quisieron y quieren acabar con la biodiversidad y el ecosistema de esa zona.
Muchas luchas, desvelos, angustias costaron a la ciudadanía consciente la aprobación de la Ley 202, sobre Áreas Protegidas, finalmente aprobada en el 2004.
No sólo la aprobación de la ley fue conflictiva, como suele pasar, cuando alguna ley beneficia al pueblo. La ocupación de esos terrenos de manera ilegal, fraudulenta ha estado debatiéndose por años en los tribunales de la República. Poniéndose a dormir esos expedientes por múltiples negligencias de procedimientos.
Ahora se le ha ocurrido al Poder Ejecutivo, en la figura del presidente Danilo Medina buscar una “solución” a este viejo problema, pero es una solución aberrante, porque es sencillamente negociar con el fraude, reconocer la ilegalidad del fraude. Sí, el Estado Dominicano a través de esa decisión legaliza la ilegalidad de un fraude al ofrecerle a los supuestos propietarios de esos terrenos un porcentaje de la venta de los mismos, reconociéndole así un derecho de propiedad que jurídicamente no existe, por lo tanto, no le corresponde.
Pero no sólo el Ejecutivo ha buscado una salida desastrosa a este conflicto, sino que con su accionar viola la teoría constitucional de la separación de los poderes, al querer intervenir en una cuestión que le corresponde resolver al poder judicial, en cuyas manos reposa este expedientes, por años, como antes dije.
Mi voz se une a la de esos medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil interesados en proteger a Bahía de las Águilas y procurar su preservación como nuestro patrimonio nacional. El presidente Medina está a tiempo de revocar, de declinar esa decisión gubernamental. Está a tiempo de no manchar su gestión gubernamental, que hasta ahora, ha ido desarrollando de manera positiva, en muchos aspectos.
Hay otras formas, otros caminos, dentro de la legalidad de desarrollar económica y turísticamente toda esa zona. Hay que buscar esas soluciones legales y no buscar una salida “práctica” que nos puede costar muy caro y que sería irreparable.
Pueblo Dominicano, alza tu voz. Bahía de Las Águilas es nuestro patrimonio, no es el pastel a repartir de unos cuantos.
No al reconocimiento de un fraude. No a la ilegalidad. No a la venta de Bahía de Las Águilas.
La autora es Abogada y docente universitaria.
Josefina Almanzar.
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