En el turno de respuesta a una petición de la oposición socialista reclamando que se pague el dinero adeudado a las clínicas abortivas, la diputada del PP en el parlamento autonómico valenciano, María José Masip proclamó ayer en la comisión de Sanidad su rechazo a la reforma de la ley del Aborto que impulsa el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y en la que no está claro si se prohibirá incluso el supuesto por malformación. La diputada aclaró que se trata de una «opinión personal».
(Efe/InfoCatólica) Masip, concejal de Játiva y afín al presidente de la Diputación de Valencia y provincial del PP, Alfonso Rus, intervino en el turno en contra a una propuesta del PSPV (PSOE) que pedía un plan de pagos para las clínicas que se dedican a matar legalmente a los no nacidos, con el fin de evitar impagos y retrasos en el abono salarial al personal y a los suministradores de las mismas que pueda repercutir en las usuarias. El asunto derivó en un debate sobre el aborto.
La socialista Modesta Salazar sacó el caso de la mujer salvadoreña a la que la Justicia de su país impidió abortar tras constatar que su vida no corría peligro y aunque el feto no tenía cerebro, mientras Mònica Oltra (Compromís) deslizó que, con los impagos, el Consell buscaba aplicar la reforma Gallardón «por la vía de los hechos».
Masip rechazó tajantemente esta acusación y, tras apuntar que el objeto de debate no era el aborto sino los pagos, indicó que «cuando venga [el asunto de] Gallardón, que ya vendrá, ya nos ocuparemos». No obstante, proclamó: «Desde aquí quiero manifestar que no estoy a favor de la reforma del aborto». Con todo, matizó que se trataba de una «opinión personal». «Hay que estar preparados porque el lobo enseña sus fauces», advirtió Salazar.
La popular justificó el rechazo a la iniciativa porque, aunque «que se adeude un euro no me parece bien», se están haciendo «esfuerzos» para cumplir con los pagos y, de hecho, en 2012 se pagaron 1,9 millones y este año más de 717.000 euros, con lo que ahora solo se adeudan 30.000 euros a tres clínicas.
La socialista Modesta Salazar sacó el caso de la mujer salvadoreña a la que la Justicia de su país impidió abortar tras constatar que su vida no corría peligro y aunque el feto no tenía cerebro, mientras Mònica Oltra (Compromís) deslizó que, con los impagos, el Consell buscaba aplicar la reforma Gallardón «por la vía de los hechos».
Masip rechazó tajantemente esta acusación y, tras apuntar que el objeto de debate no era el aborto sino los pagos, indicó que «cuando venga [el asunto de] Gallardón, que ya vendrá, ya nos ocuparemos». No obstante, proclamó: «Desde aquí quiero manifestar que no estoy a favor de la reforma del aborto». Con todo, matizó que se trataba de una «opinión personal». «Hay que estar preparados porque el lobo enseña sus fauces», advirtió Salazar.
La popular justificó el rechazo a la iniciativa porque, aunque «que se adeude un euro no me parece bien», se están haciendo «esfuerzos» para cumplir con los pagos y, de hecho, en 2012 se pagaron 1,9 millones y este año más de 717.000 euros, con lo que ahora solo se adeudan 30.000 euros a tres clínicas.
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