Julio Vasquez.

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miércoles, 6 de julio de 2011

Abogada dominico boricua es nombrada en oficina estatal anti corrupción


NUEVA YORK._ Wanda Pérez Maldonado, una destacada abogada dominico boricua fue nombrada jefa de la Oficina de Integridad Pública del Procurador General del Estado, Eric Schneiderman y dirigirá esa dependencia en el condado de Westchester. Pérez Maldonado, fue escogida por el alto funcionario judicial, debido a su larga experiencia trabajando con las comunidades dominicana y boricua y su larga dedicación a velar por la transparencia en el manejo de los recursos de las instituciones que representan la latinidad en la metrópolis.

Junto a Maldonado, fue designado Roberto Lebrón que se encargará de la oficina de Harlem. Esas oficinas bregan específicamente con casos de corrupción administrativa y desvíos de fondos destinados a una diversidad de obras sociales e instituciones no lucrativas.

Schneiderman dijo que la apertura de ambas oficinas y la designación de los nuevos funcionarios, es un paso importante en la lucha por la integridad y contra la corrupción en el estado.

“Como oficiales de integridad pública en Westchester y Harlem, Maldonado y Lebrón será los policía que velen por el cumplimiento de la ley contra ese delito”, añadió. Además de los mencionados, el despacho del Procurador General del Estado, ha nombrado otros funcionarios en todas las oficinas de Integridad Pública.

Indica que los ciudadanos cuentan con esas estructuras, que son lugares donde pueden hacer sus denuncias y someter sus querellas. El propósito de las oficinas es vigilar el manejo honesto de los recursos del estado y examinan las querellas, sin temor de los ciudadanos a favoritismos.

Pérez Maldonado, trabajaba en la oficina del fiscal estatal desde el 2003 en la Unidad Contra el Crimen organizado y fue asistente del fiscal del distrito de El Bronx, donde persiguió y procesó casos de mala conducta y corrupción.

Se graduó en la Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia en Nueva York.

Lebrón, se desempeñará como fiscal general adjunto en la oficina de Harlem, donde se investigan y se procesan los casos de discriminación. Fue presidente del Comité de Igualdad de Oportunidad de Empleos en la procuraduría general.

Previo a su designación, se desempeñó como abogado litigante en el Departamento de Viviendas, Preservación y Desarrollo de la ciudad.