Aunque muchos se sienten molestos conmigo porque trato temas variados e incluso, algunos consideran que mis temas no son propios de mi investidura como ministro del evangelio, tanto así, que algunos les molesta llamarme obispo, pues creen que solo los católicos son merecedores de ese título autorizado por la Biblia, aun así, como abogado de profesión y de oficio de muchos años deseo tratar hoy el tema de la justicia y nuestro sistema jurídico.
Primero, la justicia no está acta para los pobres, los sin apellido y menos para aquellos que no son capaces de tener un medio que les ayude a hacer público sus casos. Y en este sentido me quiero referir al caso de Jordi Veras, que aunque este caballero cuenta con medios y apellido, su caso duró tanto que ya muchos realmente creíamos que nunca se le haría justicia. Y si eso fue a él, imagínese a un pobre diablo metido en una situación parecida, nadie podrá defenderlo.
Iniciemos por las altas cortes. Recordemos aquel famoso Consejo de la Magistratura, donde Hipólito siendo presidente al escoger los jueces de la suprema en el 2001, dejó al PLD fuera de una representación y eso debilitó la esencia de esa institución pues se dejó el precedente de que ese tribunal es una representación de los partidos políticos y abrió la suspicacia de la impunidad una vez fuera del poder, lo que precisamente hizo Leonel al crear el blindaje judicial para él y sus emisarios lo cual quedo evidenciado con el caso Díaz Rúa y las acciones del Ministerio Público de los últimos días.
En el consejo de la magistratura presido por Leonel fue una vulgar venganza contra Hipólito, aunque se hizo una supuesta evaluación de los candidatos, evaluación que no sirvió para nada, si no más bien para hacer un circo ridículo, pues se dejó a Hipólito fuera de tener una representación y si se la permitió a Miguel, por ello es que vemos es que los casos de corrupción de importancia no llegan a la justicia, recordemos el archivo del caso Moreno vs. Leonel, el caso del flamante senador y la prohibición de investigar el caso Díaz Rúa. Lo que nos avergüenza, pues hay paisitos en Centro América como Costa Rica y El Salvador que nos dan un fuerte ejemplo de dignidad, pues cayó preso el ex presidente de El Salvador por alegada corrupción y comparado con la corrupción dominicana eso son chelitos.
Los abogados. No es que yo crea en que ser abogado sea una carrera para una clase privilegiada de la sociedad, no, pero es muy preocupante que en Rep. Dom. Hay más de 20 “escuelas de derecho”, las cuales producen miles de supuestos abogados, muchos de los cuales ni saben leer ni escribir, y ni se diga del léxico que exhiben. Esto es una vergüenza. Creo que el gobierno debe regular esa importante carrera para un sistema judicial de calidad ya que nadie que no tenga la calidad de profesional del derecho no debe ser ni fiscal, ni juez, ni funcionario de importancia dentro de ese poder del estado.
El Consejo del Poder Judicial. Este es un tremendo elefante blanco, pues la voz cantante de ese consejo es el presidente de la Suprema Corte de Justicia el cual cuenta con el apoyo de sus subalternos, pues los miembros no ejecutan su independencia al emitir sus sentencias, pues como ya dije ellos son subalternos del presidente. Este mamotreto institucional destruye los principios de la carrera de la judicatura, pues el juez que presuma de independiente en premiado con un glamuroso traslado por no decir otra cosa. En este mismo diario leemos que “el ex procurador de la República Víctor Céspedes Martínez reveló que el también ex procurador Radhamés Jiménez está detrás de los frecuentes traslados de jueces dispuestos por el Consejo del Poder Judicial”. Chupe usted y déjeme el cabo. “Los jueces de la Republica Dominicana se sienten atemorizados de tomar una decisión apegada a la ley, sin ribetes políticos, están indignados por la neutralización existente a la única asociación que critica las acciones judiciales, así como de los constantes traslados y degradación sometidos por el Consejo del Poder Judicial”
El Ministerio Público. Recientemente vimos una huelga contra el presidente Danilo Medina pues no ha cumplido con el presupuesto que le corresponde al Ministerio Público, razón por la cual fiscales del movimiento Dignidad para el Ministerio Publico paralizaron sus labores en los principales tribunales del país, en reclamo de un aumento presupuestario que les permita realizar un trabajo digno y “menos abusivo e inhumano”. Este es un elemento indispensable para que haya justicia, pero sin recursos, el Ministerio Público es el caldo de cultivo para la politiquería y la denigración de la fiscalía y eso lo demuestra el caso de que los criminales estén más preparados que las instituciones, no es justo que un policía de investigación tenga que hacer labores de investigación de un crimen en un motorcito de su propiedad; que un fiscal deba hacer una foto con su celular porque la Fiscalía no disponga de recursos para pagarle a un fotógrafo”. Los fiscales se creen policías y los policías fiscales.
En mi opinión la reforma al sistema penal sin dudas que tiene las mejores intensiones de favorecer un progreso significativo en materia penal, pero la policía se resiste a dejar de jugar el papel que ha jugado desde su creación y es allí donde se ve un gran desajuste en el desarrollo esperado pues tenemos diez años con esa reforma y todavía la policía es un estorbo pues no se ajusta a su real papel de ser un auxiliar de la justicia. Esto junto al problema de la dependencia o quién es él dirige tanto el Ministerio Público como la policía pues los dos dependen del poder ejecutivo. Hasta que no haya un ministerio público independiente del poder ejecutivo y con recursos suficientes no veo solución cercana en lo respeta a la reforma del sistema penal dominicano.
Estamos estancados con una justicia que demora la justicia, pues justicia demorada es justicia denegada. Y esta denegación de justicia es directamente proporcional a la politización del sistema judicial, pues mientras sean dirigentes políticos los fiscales y peor aún, dirigidos por el poder ejecutivo, solamente será prioritario lo que interese al partido de poder. Y qué decir de la súper población de las cárceles dominicanas de presos preventivos donde se estima que hay casi un 70% de presos preventivos pues sus casos son demorados a conveniencia del poder ejecutivo.
Imagínese como se las arregla un juez cuando tiene que conocer 60 expedientes en un día normal, eso es una barbaridad, necesitamos al menos el doble de los jueces que tenemos hoy y eso solamente se resuelve con la asignación de los recursos, al menos lo que se le ha asignado en le ley de presupuesto y gasto público.
Siendo honesto, estamos más atrasados que donde estábamos en el año 1994 y que en el 1997 se veía una cierta independencia del poder judicial y eso aterrorizó a los sectores cavernarios de nuestra sociedad. Y si le sumamos el narcotráfico y la inseguridad, la impunidad y la corrupción, yo me pregunto, ¿A dónde vamos a parar?
Que Dios nos conforte y nos bendiga.
Autor: Casimiro Tavárez.