El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, creó una nueva Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y nombró al frente de esa dependencia al magistrado Jonathan Baró Gutiérrez.
La disposición de Domínguez Brito está contenida en el Auto No. 43, donde destaca que responde a las atribuciones y facultades que otorga el Consejo Superior del Ministerio Público, como persona que encabeza ese órgano, así como de las atribuciones y facultades que le otorga la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Mediante ese mismo auto, el Procurador General también nombró a la magistrada Aracelis Peralta Franco, como miembro de esa Procuraduría Especializada.
Baró Gutiérrez y Peralta Franco al momento de su designación desempeñaban las funciones de procuradores generales de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
El magistrado Baró Gutiérrez es licenciado en Derecho, graduado Cum Laude en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialista en ciencias penales aplicadas y derechos humanos e internacional. Ingresó al Ministerio Público a través del primer concurso de oposición para aspirantes a fiscalizadores en el año 2005, luego fue ascendido a fiscal adjunto en el año 2007.También fue director del Departamento de Persecución de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía del Distrito Nacional, y coordinador de la Fiscalía Barrial de la Zona Colonial, entre otras funciones. Actualmente es docente en las escuelas del Ministerio Público y de la Judicatura donde imparte asignaturas sobre temas de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
La disposición de Domínguez Brito cumple con uno de los artículos de la citada ley marcada con el número 133-11, al fijar que un miembro de Carrera del Ministerio Público funja como titular de las procuradurías especializadas, con el propósito de contar con un personal capacitado para ejecutar las iniciativas que vienen adoptándose en el cumplimiento de las obligaciones del ordenamiento jurídico vigente.
Las procuradurías especializadas fueron instituidas por el Consejo Superior del Ministerio Público con alcance nacional o regional, atendiendo a la complejidad de los casos, la vulnerabilidad de las víctimas, el interés público comprometido o las prioridades institucionales.
Entradas
