Madrid.- La reacción de los médicos no se ha hecho esperar. Varias asociaciones coinciden en que resulta inviable e irreal cobrar entre 700 y 1.800 euros a los inmigrantes irregulares para atenderlos en la sanidad pública, dada la situación de exclusión social y las dificultades económicas que afronta este colectivo. Así lo cree Salvador Tranche, secretario general de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), que recordó que hay inmigrantes irregulares que ni siquiera se han empadronado, por lo que ni siquiera se podría acoger a pagar estas elevadas cantidades de dinero. ‘Es un poco irrisorio exprimir más al que menos tiene’. Por su parte, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha tachado de ‘irreal’ esta medida. La vocal de la Junta Directiva Nacional de esta organización, María Dolores Aicart, ha dicho que precisamente es éste uno de los colectivos que hay que atender con mayor facilidad. Y puso por ejemplo a los pacientes con tuberculosis o con sida, a quienes ‘no podemos dejarlos sin atención y ponerles trabas para que acudan a recibirla’. Una idea que reafirmó el secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, ha advertido de que las trabas en el aceso a la sanidad pública de los inmigrantes en situación irregular podría generar problemas económicos e infecciosos a medio y largo plazo, así como diagnósticos y tratamientos preventivos tardíos, por lo que insistió en el deber deontológico de los profesionales sanitarios de atender a cualquier ciudadano. Sin embargo, hay médicos que ven con buenos ojos estas medidas. Un ejemplo de ello es el Sindicato Médico de Zamora. En declaraciones al diario La Opinión de Zamora, su secretario, Tomás Toranzo, dijo que respaldaba el cobro siempre que no se discrimine a la gente por ser o no inmigrante. ‘Actualmente también hay españoles que no tienen derecho a cobertura sanitaria, y no es lógico que haya españoles que no tienen ese derecho mientras que los inmigrantes sí’. También recordó que se mantiene la gratuidad en la atención de urgencias, ‘que también se podría cobrar’. La tarjeta sanitaria cuyo titular sea un extranjero sin permiso de residencia dejará de ser válida desde el próximo 1 de septiembre. A partir de ese día, quienes quieran acceder a la sanidad pública deberán abonar 710,40 euros al año si se es menor de 65 años. Quienes superen esa edad, tendrán que pagar 1.864,80 euros. Es decir, como un seguro privado de salud, aunque en el mercado se pólizas sanitarias es posible encontrar precios más competitivos que los que ofrece el Ministerio de Sanidad.
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