El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, solicitó a la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia la revocación del Auto 03093, emitido por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción (DPCA) a favor del ingeniero Félix Ramón Bautista Rosario, para que el Ministerio Público continúe las investigaciones del caso. En rueda de prensa, donde dio a conocer la decisión, Domínguez Brito, dijo que Ley debe ser igual para todos, sin importar las relaciones. “La democracia funciona cuando la Ley impera independientemente del status de las personas, y eso fundamental para nosotros”, manifestó.
Refirió que el Auto en cuestión archiva definitivamente las investigaciones, que indica, surgieron a raíz de denuncias y querellas carentes de seriedad y fundamentos jurídicos, motivadas por razones coyunturales ajenas a un proceso de persecución penal efectivo, cuyo fin debe ser la prevalencia de la Ley y Estado de Derecho.
Dijo que el archivo por insuficiencia de pruebas, que sirvió de motivación al Ministerio Público responsable de la investigación, procede de manera provisional, no así de manera definitiva.
“Realizar un archivo definitivo, cuando lo que procede es un archivo provisional y aceptar este precedente, significa dejar abierta una gran ventana a la impunidad, a través del mecanismo de denuncias o querellas poco serias y respuestas por parte del Ministerio Público a alejadas de los fundamentos jurídicos”, manifestó Domínguez Brito.
Agregó que la sociedad demanda y merece que el Ministerio Público sea un ente objetivo, confiable, que garantice investigaciones serias en las que se puedan archivar o acusar, pero siempre amparado en lo que establece la Constitución y las leyes, “normas que fueron inobservadas en el caso de la especie”.
Explicó que con relación a la auditoría que cursada como medio probatorio el Ministerio Público director de la investigación se contradice en su valoración, ya que por un lado alega que la misma es “Una fotocopia sin firma ni sello, cuyo origen no está establecido”, por lo que carece de autenticidad y validez legal, pero valora la misma auditoría cuando dice “En relación al informe de auditoría es preciso indicar que, a prima facie, no acredita hechos de naturaleza penal por lo que resultaría vano adentrarse profundamente en su contenido.
“Si bien es cierto la legislación procesal dominicana no le permite de forma expresa a un Ministerio Público jerárquico recovar un archivo definitvo, sin embargo, si puede hacerlo, pues sería valorado al principio constitucional de razonabilidad de un juez tribunal o cámara”, expresó en la comunicación que dirigió a la jueza-presidenta y demás jueces que integran la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia.
La DPCA dictó el Auto 03093 el 13 de agosto del año en curso, quedando con ello archivado definitivamente las investigaciones.
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