La Procuraduría General de República suspendió en sus funciones al procurador general de la Corte de Apelación y al procurador fiscal del Distrito Judicial de la provincia Duarte, por negarse a pedir prisión preventiva en un caso como medida coercitiva. Ambos funcionarios quedaron suspendidos de sus funciones por no solicitar prisión preventiva en el conocimiento de medida de coerción contra el fiscalizador del municipio de Villa Riva. Amado Rosa, procurador general de la Corte de Apelación, y Regis Victorio Reyes, procurador fiscal, fueron suspendidos por orden del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito. La decisión se produjo debido a que los dos funcionarios no solicitaron ante la oficina judicial de Atención Permanente prisión preventiva en contra de Héctor Luis Balcácer, fiscalizador del Juzgado de Paz de Las Guáranas, municipio Villa Riva, por supuestas acciones de extorsión. Al suspendido fiscalizador, el Tribunal de Atención Permanente le impuso como coerción visita periódica. Balcácer está acusado de extorsionar a ciudadanos a cambio de liberar a personas, siendo el último caso el de una mujer que supuestamente le entregó 4 mil pesos para favorecer la libertad de un pariente. Amado Rosa negó haber cometido falta, pues alega que en ningún momento un superior jerárquico le ordenó solicitar medida de coerción de prisión preventiva contra Balcácer, y no se acató tal decisión, lo cual alega la Dirección Nacional de Inspectoría del Ministerio Público para sustentar la suspensión.