El 25 de enero se produjo un primer derrame de petróleo, seguido poco después por otro más, en la quebrada de Inayo, en la región amazónica del norte de Perú, del oleoducto que atraviesa la provincia de Bagua. La Iglesia ha pedido que se intervenga para solucionar el desastre.
(Fides) A un mes de distancia del desastre, Mons. Alfredo Vizcarra y los agentes pastorales de la zona de la zona selva del Vicariato Apostólico San Francisco Javier, manifiestan su preocupación y reclaman medidas urgentes «que ayuden a resolver los daños que este accidente está ocasionando a la naturaleza en esta región y especialmente por el perjuicio producido a los habitantes de las diferentes comunidades, que están asentadas en la ribera del río Chiriaco y del río Marañón, en Inayo».
En la declaración enviada a la REPAM (la red eclesial Pan-amazónica), recibida en la Agencia Fides, se lee:
«las autoridades deben afrontar con responsabilidad, prontitud y solicitud para dar una respuesta satisfactoria a este desastre».
El Vicario apostólico, al haber estado en el lugar, presenta una serie de peticiones a las autoridades:dar una indemnización de las personas afectadas acorde con las pérdidas de las campañas agrícolas correspondientes, su único medio de subsistencia; realizar una limpieza y control para garantizar que la calidad del agua sea la requerida para evitar todo riesgo a la salud y la vida de las personas, de los animales y del medio ambiente; realizar un monitoreo continuo de la calidad del agua de los ríos contaminados por el derrame, hasta que los resultados demuestren la completa desaparición de la contaminación; informar a la población de todas las acciones de protección de su salud y de preservación del medio ambiente.
El comunicado termina subrayando la necesidad de ir a las causas de estos accidentes, de modo que no se repitan, y se plantea la hipótesis de que quizás «las instalaciones petroleras son obsoletas (40 años) y sería necesario renovarlas o sustituirlas».
Según la Federación de la Comunidad de los Nativos de Río Corrientes (FECONACO) las comunidades afectadas son 60 y cuyos habitantes (unos sesenta mil) no tienen agua para beber, lavarse y cocinar. Su principal fuente de alimentación viene de los ríos, de los que pescan el pescado, pero que ahora está contaminado por el petróleo derramado.
Entradas
