Santo Domingo
El arroz es el principal producto agrícola de la República Dominicana, y los parceleros de la Reforma Agraria son los responsables de producir más del 50%. Para la fecha eso es cerca de 6 millones 724 mil 486 quintales del cereal que sostiene a casi toda la población nacional, según los datos del Gobierno y de las organizaciones parceleras.
La cosecha se hace en 1 millón 226 mil tareas distribuidas en las principales zonas arroceras, y es el indicador más utilizado en las explicaciones sobre aportes de la Reforma a la economía y al desarrollo rural, aunque también los pequeños y medianos productores beneficiados siembran importantes cantidades de cebolla, habichuela, plátano, guineo de exportación, piña, ajo, papa, ají, yuca, batata y otros alimentos.
“El caso del arroz es un caso especial, porque es un alimento que la gente consume todos los días. Con mucho esfuerzo, los parceleros han podido responder a la demanda año tras año”, explica Apolinar Germosen, presidente del Consejo Nacional de Parceleros de la Reforma Agraria.
Esta producción alimenticia ocurre, según Germosén, en medio de las periódicas limitaciones de financiamiento, nivelación y riego de tierra que se presentan a los campesinos y campesinas.
Al referirse al tema, Andrés Reyes, dirigente de la Federación de Parceleros de la Reforma Agraria, señala que de las 22 factorías de arroz facilitadas a la Reforma durante los gobierno de Joaquín Balaguer, solamente cinco están en funcionamiento.
Las otras 17 están cerradas por falta de capital, y no es raro ver en los medios de comunicación a los administradores que se quejan porque el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre) no les paga las órdenes. A esto se le agrega la necesidad de construir caminos vecinales en las áreas de producción y de conseguir mayor y mejores financiamientos para aumentar la productividad.
Los parceleros con títulos provisionales sólo pueden acceder a los préstamos del Banco Agrícola, y muchas veces, según Reyes, lo hacen fuera del cronograma de cultivo, lo que genera pérdidas económicas instantáneas. Mientras, los que tienen títulos definitivos pueden optar por el financiamiento de la banca privada, pero el 54% ya ha vendido o traspasado la tierra de usufructo a terceros, a pesar de que la acción es ilegal.
“Esos problemas han provocado mucho desempleo en el campo y motiva la migración hacia las ciudades, donde se sigue aumentando la pobreza”, considera Reyes, vinculado a la Reforma Agraria “desde pequeño”, porque su padre fue asentado en 1965 y porque el campo le dio los recursos económicos para hacerse periodista, contador, productor agrícola y defensor del campo.
Otros frutos
No todos los frutos de la Reforma Agraria son comestibles o tangibles. Los levantamientos de las federaciones de parceleros revelan que hasta la fecha más de 50 mil dominicanos y dominicanas se han hecho profesionales gracias a que sus padres campesinos consiguieron pagarles los estudios con los beneficios de la producción de la tierra.
En algunas familias parceleras se han contabilizado hasta seis jóvenes profesionales.
Algunos de ellos, a su vez, se han especializado en la producción de riqueza dentro del campo y han integrado a una tercera generación en el proceso.
Tal es el caso de Reina Amparo Peña, una parcelera de La Vega que trabaja en tierras reformadas desde 1992, específicamente con el cultivo de arroz y vegetales orientales. Gracias a su esfuerzo, cuenta, hoy su hija mayor es ingeniera industrial, la segunda es artista, y el menor cursa las materias finales de arquitectura.
“Este trabajo ha venido a beneficiar a muchas familias de nuestra provincia y del país. Nosotros lo consideramos como un proyecto de desarrollo y seguridad familiar”, considera Peña, quien recientemente fue designada como encargada de la Gerencia 12 del Instituto Agrario Dominicano (IAD), por sus aportes al desarrollo de la producción campesina en el centro del Cibao. En sus recorridos de supervisión y desarrollo de proyectos se hace acompañar de su hija mayor.
Dice que tiene la intención de colaborar con la implementación de nuevas tecnologías entre los pequeños y medianos productores, porque sabe que los mercados externos ofrecen bastantes oportunidades de negocio pero demandan mayores niveles de calidad.
Peña parece entusiasmada cuando señala que en 10 tareas un parcelero ya puede sacar dos o tres millones de pesos como beneficio, algo que hace pocos años ni siquiera se podía pensar.
Como ella, hay cientos de dirigentes rurales que todavía creen en la construcción del desarrollo humano desde la producción agropecuaria, y que trabajan todos los días de la semana para hacer de la tierra una canasta de comida.
PERSPECTIVAS DE LOS PARCELEROS
Apolinar Germosén y Andrés Reyes, dirigentes parceleros, señalan la entrega de títulos definitivos como la principal necesidad de los productores de la Reforma Agraria. El IAD, según ellos, tiene que concentrarse en ese proceso para dar seguridad jurídica al parcelero. También los pequeños productores están preocupados por las deficiencias de los mecanismos de comercialización de sus cultivos y por las cada vez más limitadas facilidades de financiamiento.
A pesar de que la ley 5879 sobre Reforma Agraria pone como una prioridad la construcción de vías de acceso a las zonas de producción, la falta de éstas todavía se mantiene como una importante carencia.
A todo esto se suma el hecho de que particulares todavía mantienen el control de más de 300 mil tareas que pertenecen al Estado y deberían entrar a la administración de la Reforma Agraria.
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