Cuando, hace unas semanas, el país se escandalizó por la muerte a tiros del fiscal Adjunto de la Provincia de Santo Domingo, Omar Alvarez, a manos del hoy imputado Charlie Muñoz, ante un proceso de allanamiento al homicida; muchos, como quien suscribe y que ejercemos en los tribunales, habríamos confirmado con esto que tarde o temprano era un hecho que podía ocurrir. Esto último porque las condiciones en que un fiscal realiza su labor hoy día debe ser revisada y deben colocarse mayores y mejores condiciones que aquellas con las cuales ejercen estos funcionarios públicos. Hay múltiples aspectos que podríamos tratar; sin embargo, en esta oportunidad, el plano que me interesa tocar es solamente el aspecto de la seguridad, que ya con los niveles de la delincuencia organizada, muchas veces sobrepasa el trabajo que puedan brindar humanamente estos hombres y mujeres.
El fenecido Omar Alvarez, de quien según me indican era un gran trabajador y profesional responsable, a quien no tuve el gusto de conocer; estuvo en una especie de emboscada, porque estuvo en sus momentos finales, frente a su homicida armado y a quienes se suponían eran su seguridad y compañía; los cuales no reaccionaron, ni cumplieron con su labor preventiva como fuerza pública.
El penoso hecho ocurrido y ya narrado, no es el único en el que un fiscal adjunto se ha visto envuelto y es recibido a tiros, aunque no con consecuencias tan funestas. Recuerdo una ocasión, hace ya unos años, que ante un allanamiento en esta ciudad de Santiago, por la zona Sur, en búsqueda de personas que se dedicaban a la copia de cintas de películas y de otros derechos de Autor y la sorpresa fue única para los integrantes de dicho trabajo, porque fueron recibidos a tiros por elementos que tenían un armamento bélico de alto calibre; o sea que fueron buscando delincuentes menores y se encontraron con criminales de tipo organizado y peligroso.
He querido hacer todo este introito, para caer y relacionar ante esto con dos importantes denuncias que hiciese la fiscal Adjunta para Asuntos de Extradición, Licenciada Gisela Cueto; quien, hace unas semanas, hiciera advertencias importantes. Una, tenía que ver con un complot en contra de su seguridad y su vida, de parte de un imputado y acusado de narcotráfico y lavado de dinero por esa misma vía, el señor Iván Tineo PaulIno, ligado supuestamente al “Cartel del Cibao”; la misma consistía en la contratación de cuatro sicarios que, utilizando armas largas M-16, con más de 100 cápsulas, emboscarían en un lugar específico a su víctima para asesinarla.
Este tipo de proceder me es familiar en lo personal, porque algo parecido pretendían hacerme al salir de un supermercado, sería ese, el tercer intento por asesinarme. Esto nos dice, que no es el proceder exclusivo, utilizado por los imputados que son acusados o condenados por asuntos de narco y lavado.
La otra advertencia o denuncia hecha por esta valiente y decidida fiscal Adjunta, es que ya en el proceso de juicio ante la Suprema Corte de Justicia en el Sala Penal, el imputado se ha valido de las salidas legales que le ofrece el código y de las artimañas y vericuetos que utilizan algunos abogados y abogadas que se han dado a la tarea de, en vez de actuar como “auxiliares de la justicia”, le colocan obstáculos para la misma camine.
Este proceder denunciado por la indiada fiscal, es algo que ha ido tomando cuerpo en los procesos, buscando con ello llevar al cansancio a las víctimas o al propio Ministerio Público y al mismo Juez y Jueza; y lo que se busca es desprestigiar el sistema.
La funcionaria pública indicaba que debía ir tomándose muy en cuenta y darle más uso a lo que plantea el mismo código procesal penal, respecto a los abogados y abogadas que ejercen con la consabida mala fe para entorpecer el proceso, en el mismo texto en el artículo 117; sin perjuicio de las demás disposiciones en torno a la ética y proceder de los profesionales del derecho.
No deben tomarse de forma alegre ambas advertencias y denuncias hechas por la licenciada Cueto, ambas tienen aspectos coincidentes con el trabajo que realizan los que se enfrentan al monstruo del crimen organizado y sobre la mala práctica que éstos aúpan para que le sean llevados sus procesos, con tal de no ser condenados o que la decisión no les afecte, fuera de los incidentes legales y normales.
Se habla de seguridad en los actuales momentos, vamos a iniciar la planificación para llevar a cabo esto, a favor de ciudadanos, pero también de quienes ejercen la difícil labor de enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Atendamos con seriedad la doble denuncia la Magistrada fiscal Gisela Cueto, para que no sigamos lamentando el espacio que están ganando los criminales; para darle su importancia a estos servidores públicos y a la seguridad del ciudadano.
Lic. Jordi Veras.