La fiscal adjunta de La Vega, Leiny Solís Rosario, rechazó ayer que alguna vez haya impidido el apresamiento de un presunto narcotraficante en un establecimiento comercial de esa demarcación.
Cuando ocurrieron esos hechos que denuncia la procuraduría General de la Republica, alega la magistrada, ella estaba fuera del país cursando una maestría en la Universidad Complutense de Madrid, autorizada por el entonces procura dor de la República, doctor Rad- hamés Jiménez Peña.
Solís dijo que el proceso disciplinario iniciado en su contra, por presuntas irregularidades durante el desempeño de sus funciones, está en curso desde el mes de junio de este año.
Ante esta situación, considera sospecho que sea ahora cuando el ministerio público de a conocer su suspensión, el que afirma tiene “el propósito mal sano y descarado de confundir y ligarla con el caso de San Pedro de Macorís, donde dos fiscales fueron suspendidos por presuntamente recibir sobornos, para aparentar que es un proceso reciente y así presionar a los miembros del Consejo Superior del Ministerio Publico”.
Indicó que la Procuraduría General de la Republica suministró la información ahora, porque alegdamente se desplomó el proceso disciplinario seguido en su contra, tras haber demostrado que cuando acon- tecieron los hechos denunciados ella estaba fuera del país.
Declaró que el fiscal que actuó en el caso del que es acusada, fue claro ante los miembros del Consejo cuando expresó que “era imposible que de alguna forma ella influenciara, primero porque no me encontraba en el país y, segundo, porque él, como fiscal, no lo permitiría“.
Cuando ocurrieron esos hechos que denuncia la procuraduría General de la Republica, alega la magistrada, ella estaba fuera del país cursando una maestría en la Universidad Complutense de Madrid, autorizada por el entonces procura dor de la República, doctor Rad- hamés Jiménez Peña.
Solís dijo que el proceso disciplinario iniciado en su contra, por presuntas irregularidades durante el desempeño de sus funciones, está en curso desde el mes de junio de este año.
Ante esta situación, considera sospecho que sea ahora cuando el ministerio público de a conocer su suspensión, el que afirma tiene “el propósito mal sano y descarado de confundir y ligarla con el caso de San Pedro de Macorís, donde dos fiscales fueron suspendidos por presuntamente recibir sobornos, para aparentar que es un proceso reciente y así presionar a los miembros del Consejo Superior del Ministerio Publico”.
Indicó que la Procuraduría General de la Republica suministró la información ahora, porque alegdamente se desplomó el proceso disciplinario seguido en su contra, tras haber demostrado que cuando acon- tecieron los hechos denunciados ella estaba fuera del país.
Declaró que el fiscal que actuó en el caso del que es acusada, fue claro ante los miembros del Consejo cuando expresó que “era imposible que de alguna forma ella influenciara, primero porque no me encontraba en el país y, segundo, porque él, como fiscal, no lo permitiría“.