Un juez federal de EEUU ordenó hoy el envío a prisión de la cristiana Kim Davis, funcionaria del estado de Kentucky que se ha negado a dar licencias de matrimonio a parejas homosexuales, pese a que el Tribunal Supremo legalizó ese tipo de uniones en todo el país en junio. El juez ha establecido que no será liberada hasta que obedezca al Supremo, que dictaminó el pasado lunes que la funcionaria debe empezar de manera inmediata a emitir licencias matrimoniales a todo tipo de parejas.
(Efe/InfoCatólica) «El tribunal no puede consentir la desobediencia de una orden emitida legalmente», argumentó el juez al considerar que una multa no sería suficiente para disuadir a la funcionaria y dictaminar que debe permanecer en custodia policial.
Antes de la audiencia, más de 100 personas se concentraron ante la corte federal de Kentucky que lleva el caso para manifestar su apoyo o rechazo a la actitud de Davis. La funcionaria decidió dejar de emitir cualquier licencia de matrimonio en junio, cuando el Supremo falló a favor de la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo en todo el país, una decisión que anuló la potestad de los estados para prohibir el matrimonio homosexual.
El matrimonio homosexual se convirtió en un derecho constitucional en Estados Unidos, lo que obliga a los trece estados que entonces todavía lo prohibían, entre ellos Kentucky, a permitir que las personas del mismo sexo puedan casarse. Cuando el gobernador de Kentucky, el demócrata Steve Beshear, ordenó a los juzgados emitir licencias de matrimonio a los homosexuales, Davis decidió interponer una demanda en una corte federal, con el argumento de que sus creencias religiosas la eximían de tener que cumplir con esa obligación.
Davis llegó hasta el Supremo, que el pasado lunes le ordenó que, de manera inmediata, comenzara a emitir licencias matrimoniales a todo tipo de parejas, homosexuales y heterosexuales, mientras la funcionaria sigue con el proceso legal en instancias judiciales inferiores, algunas de las cuales ya han rechazado su causa.
En una declaración divulgada por sus abogados esta semana, Davis defendió que no siente «hostilidad» hacia nadie ni actúa «con mala voluntad». Según la funcionaria, la emisión de estas licencias para parejas gays que «entran en conflicto con la definición de matrimonio de Dios, con mi nombre puesto en el certificado, violaría mi conciencia».Davis apela a la libertad religiosa, protegida por la Constitución y la Primera Enmienda, destaca. También asegura que el debate no es sobre «un tema de gays o lesbianas. Es sobre el matrimonio y la palabra de Dios».