El juez de Instrucción Especial de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ramón Horacio González dictó está madrugada tres meses de prisión preventiva para la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré y el exmiembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Arias Valera.
El magistrado González tomó la decisión después de más de 11 horas de audiencia y unas tres horas de deliberación, tras considerar que hay elementos suficientes para que Reyes Beltré y Arias Valera cumplan la medida de coerción en los Centros de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres y Najayo Hombres, respectivamente.
De acuerdo con la decisión, existen elementos suficientes y válidos para acoger la solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra los imputados, como son el recibo firmado por ambos, en el cual consta que la suspendida jueza entrega al exconsejero RD$350 mil que había recibido como adelanto para dejar en libertad al regidor por Pedro Brand, Erinson de los Santos Solís, acusado de sicariato.
Además, los resultados de la experticia caligráfica de los imputados hecha por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y los testimonios de Justiniano Montero, director de la Carrera Judicial, y Edgar Torres, secretario del Consejo del Poder Judicial, los cuales expresaron que fueron junto a Reyes Beltré hasta su casa a buscar el dinero que habría recibido y que posteriormente fue llevado al despacho del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, donde se tomaron evidencias fotográficas.
“Han surgido indicios graves, serios, precisos y concordantes y suficientes que hacen presumir razonablemente que los imputados podrían resultar culpables de la comisión de los hechos por los cuales son investigados”, argumentó el juez.
Consideró que existe el peligro de fuga dada la gravedad de los hechos que se les imputa, y que es un daño causado a la sociedad, pues se trata de un hecho gravísimo que ha minado las bases del sistema de justicia penal en la República Dominicana, que ha convulsionado de manera catastrófica al Poder Judicial del país y perturbado de manera profunda la conciencia de la sociedad.
“Los investigados olvidaban que con su accionar traicionaban la conciencia del pueblo dominicano a través de la Suprema Corte de Justicia que los designó para las más nobles y delicadas funciones que le pueden conferir a un ser humano, la de juzgar a su semejante”, refiere el magistrado.
Mientras, que Arias Valera expresó al juez que renunció del Consejo como un derecho que le asistía “y porque también sacaron ese recibo”, y le dijeron que era mejor hacerlo para evitar inconvenientes, pero posterior a ello reculó diciéndole al magistrado que eso no fue lo que quiso decir y que es inocente porque se enteró del recibo tras renunciar.
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