La colorida presentación de la VI versión del Festival Artístico y Cultural Penitenciario que tuvo lugar por primera vez en la exclusiva Sala Eduardo Brito del Teatro Nacional, escenario en el cual 500 hombres y mujeres privados de libertad de todo el país, protagonizaron un derroche de talento, alegría y energía, me invitó a reflexionar sobre la situación de las cárceles y la reincidencia de los condenados.
La calidad de ese show artístico pone de relieve el éxito alcanzado por el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria que durante once años ha desarrollado la Procuraduría General de la República Dominicana.
Cabe destacar como puntos luminosos del Nuevo Modelo, la apertura de sistemas semiabiertos y abiertos, el desarrollo de programas educativos que abarcan alfabetización, nivel básico, medio, técnico vocacional y universitario. Ricardo Angomás Rodríguez se convirtió en el primer privado de libertad en obtener un título universitario en Derecho.
Además de estudiar, los internos dedican el tiempo a cultivar la tierra, a cuidar las granjas avícolas, a hornear panes que venden al comercio local, a fabricar artesanía, ebanistería, confeccionar ropa, con lo cual producen dinero que utilizan para ayudar a sus familias y tener algún ahorrito.
Cuando el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria se implantó hace once años, el sistema carcelario contaba con 13 mil 600 presos, hoy la población carcelaria se ha duplicado, a pesar de que el país cuenta con un Código Procesal Penal que está celebrando su décimo aniversario.
¿Qué explicaría entonces el hecho de que teniendo la República Dominicana un Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria que es ejemplo de buena práctica para la región latinoamericana, la población carcelaria se haya duplicado en una década?
La explicación podemos encontrarla en el fracaso de la justicia penal dominicana que está llenando las cárceles con presos preventivos. La proporción de presos sin condena es excesiva, lo que viola un Estado de derecho (debido proceso, presunción de inocencia, legalidad de la prueba) y conlleva el riesgo obvio de imponer penas a quienes no lo merecen y contribuyen al hacinamiento de las cárceles.
Aunque los gobiernos han optado por construir más centros de reclusión, el abuso de la medida de prisión preventiva, la mora judicial (estimada en más un 60% por la magistrada fiscal Jenny Berenice), la reticencia a aplicar penas distintas del encierro y la incapacidad de reducir las tasas de reincidencia se conjugan para revivir o agravar la congestión.
Actualmente el Nuevo Modelo Penitenciario gestiona 18 Centros de Corrección con 9 mil 600 internos, mientras que el viejo sistema cuenta con 19 cárceles y penitencierías con una población de 16 mil presos. La siniestra cárcel de La Victoria atrapa en sus barrotes una sobrepoblación de 8 mil presos, mientras que Najayo contaba con 3 mil 500 presidiarios, pero fue pasada al Nuevo Modelo y se trabaja en su reacondicionamiento, al igual que la cárcel Rafey de Santiago. Como puede deducirse, el sistema penitenciario dominicano cuenta con dos modelos: el nuevo y el clásico. Cada uno refleja miradas y prácticas administrativas diferenciadas.
El Nuevo Modelo de Gestión está orientado a fortalecer la personalidad del condenado y dotarlo de capacidades para facilitar la reinserción social y reducir la tasa de reincidencia. Esta línea de acción contrasta con el modelo tradicional, donde la violación de los derechos humanos de los privados de libertad es verdaderamente escandalosa.
El drama del sistema carcelario dominicano se torna aún más sombrío por la ausencia de programas socio-judiciales que den seguimiento a los condenados egresados de cárceles locales o deportados que guardaron prisión en el extranjero.
Las cárceles y centros penitenciarios reflejan la ausencia de una verdadera política en materia criminológica, que debe ser inspirada en la prevención del delito en todos sus niveles, lo cual incluye la prevención general y específica e involucra el sistema de administración de justicia penal en general.
Por Elpidio Báez.
El autor es Diputado y abogado constitucional.
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