La diputada nacional Guadalupe Valdez calificó como mito el que algunos sectores sostengan que no hay mujeres capaces de cubrir las cuotas que la ley asigna a la mujer en las candidaturas. “Nosotras somos el 52% de la población, el 62% de la matrícula universitaria son mujeres, y cuando vemos en las instancias de la sociedad en el sector empresarial, en los medios de comunicación, en las juntas de vecinos, en las organizaciones de padres, madres y amigos de las escuelas, las mujeres participamos activamente. Lo que necesitamos es que la política sea para todos y para todas, que los hombres no piensen que es para ellos”, afirmó la legisladora.
Consideró que tanto la nueva ley de partidos políticos como la ley electoral que se apruebe, tiene que responder al artículo 39 de la Constitución que ordena la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, afirmando que “el tema de los derechos de la mujer tiene que estar en toda la ley de partidos políticos, no estamos planteando que haya un artículo, sino que en todo el texto y de manera transversal se tome en cuenta garantizar la participación política de la mujer.”
Además de la cuota, tanto en cargos electivos como a nivel de cargos internos en las estructuras de los partidos, Valdez señaló que otro tema es todo lo relativo al financiamiento, que tiene que tener una acción positiva, para que el financiamiento no esté solo en manos de los hombres, que son los que toman las mayorías de las decisiones.
Reiteró que la participación de la mujer, tanto en la vida política como en la sociedad en general, además de hacer justicia a un derecho, contribuye a mejorar la calidad de la democracia.
Guadalupe Valdez respalda la iniciativa que ha tomado el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, respecto a los fondos de las ayudas sociales, manifestando que “no solamente la apoyamos, es que lo hemos venido planteando desde que iniciamos nuestra función de legisladora en el año 2010, en el sentido de que el Congreso de la República no tiene que tener fondos para ayudas sociales, pues la Constitución establece muy claramente que la prestación de servicios corresponde a los ministerios y direcciones correspondientes”.
Por Lilliam Mateo
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