El director del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa acusó a ciertas instancias de la sociedad civil de defender, hasta en los tribunales, a personajes que han sido sometidos a la justicia acusados de cometer dolo en el manejo de los recursos públicos. El doctor Hotoniel Bonilla puso como ejemplo el caso del licenciado Carlos Salcedo quien fue director Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, (Finjus), y en la actualidad ostenta la defensa de Héctor Rodríguez Pimentel quien está acusado de malversar cientos de millones de pesos cuando se desempeñó como director ejecutivo del Instituto de Recursos Hidráulicos. Bonilla dijo que resulta inconcebible que personas que pertenezcan a una instancia de la Sociedad Civil, que tiene un discurso de denuncia y combate a la corrupción, sirva como abogado de un implicado en ese flagelo. Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el funcionario judicial dijo que la situación es más preocupante aún en el caso de Salcedo que fue director ejecutivo de la Finjus. Agregó que la lucha contra la corrupción no debe ser oportunista ni circunstancial, sino firme y constante sin importar las personas o sectores que estén involucrados en ese delito. “Por lo tanto es preocupante que personalidades de la sociedad civil, como el caso del abogado Carlos Salcedo que llegó a ser director ejecutivo de la Finjus, se dediquen a defender personajes acusados de darle un uso delictivo a los recursos públicos puestos bajo su responsabilidad; reiteró el director del DPCA. Bonilla dijo que no es la primera vez que Salcedo defiende este tipo de personaje, ya que también lo había hecho con funcionarios del Banco Central del periodo 2000-2004, quienes dieron un manejo doloso a las quiebras bancarias del 2003. Asegura Rodríguez Pimentel no tiene salida Otoniel Bonilla Aseguró que el ex director del INDRHI, Héctor Rodríguez Pimentel no tiene otra salida que no sea la condena, por las graves acusaciones que pesan en su contra con respeto al manejo corrupto dado a los fondos públicos de esa institución. El director del DPCA dio por un hecho que Rodríguez Pimentel tratará de buscar impunidad por vías distintas al juicio que deberá enfrentar en los tribunales de la República. Reiteró que solamente en el caso de la Presa de Monte Grande, el ex funcionario desvió fondos por más de 56 millones de dólares, mientras que en otras ejecutorias las acciones fraudulentas superan los mil 500 millones de pesos. Sencillamente ese señor no tiene escapatoria, él tratará de buscar impunidad por otras vías distintas al ordenamiento jurídico del país”, insistió Otoniel Bonilla. Dice expediente del SEMMA es sumamente grave El director del DPCA sentenció que el expediente de corrupción que pesa contra los acusados del desfalco al Seguro Médico para Maestros, SEMMA, es sumamente grave. Otoniel Bonilla calificó como altamente delictivo que la institución pagara más de 26 millones de pesos a un abogado para notarizar contratos de afiliación de empleados que luego se demostró que estos, los empleados, nunca llenaron ni firmaron esos documentos. Agregó que también los ejecutivos de esa institución pagaron más de 125 millones de pesos para un seguro odontológico que los beneficiarios nunca recibieron. “Y lo que es peor aún, en las investigaciones pudimos comprobar cómo se incrementaron los bienes de esos funcionarios mientras se desempeñaban en sus puestos, sin que sus ingresos legales avalaran esa bonanza”, explicó Bonilla. Dijo que lo más triste del caso es que esos despilfarros se producían cuando varios profesores perdieron la vida, o se le agravaba sus condiciones de salud, porque su seguro médico estaba suspendido por falta de pagos. En otro orden, y con respeto a los casos de Ángel Lockward, Amable Aristy Castro y José Enrique Sued; el director de la DPCA aseguró que las investigaciones continúan y prometió que en caso de que se demuestren acciones dolosas, los responsables serán sometidos a la justicia. Enfatizó que en todos esos hechos, las personas que han resultado investigadas y/o sometidas son porque las auditorías de la Cámara de Cuentas han determinado el uso fraudulento de los fondos públicos puestos bajo su responsabilidad.
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