La fe pública puede ser definida como la "Confianza, veracidad, atribuida a diversos funcionarios (notarios, secretarios judiciales, cónsules…), sobre hechos, actos y contratos en los que estos funcionarios intervienen" En el ordenamiento jurídico dominicano, valdría preguntar, ¿se les ha atribuido esa confianza y veracidad a los agentes de la Autoridad Metropolitana del transporte (AMET)? ¿Tienen estos agentes fe pública? Las infracciones o violaciones a la ley de tránsito que estos policías notifican para fines de multas, ¿están sujetas a réplicas o hay que aceptarlas siempre como buenas y válidas, apegadas a la realidad o como si fueran emanadas de bocas de los dioses? ¿ Tres casos protagonizados por igual número de representantes de los llamados “sombreruses del tránsito”, me han permitido formular las preguntas precedentes. Del caso primero fui testigo y ocurrió en Moca: el conductor se detiene frente a una panadería sin saber que a escasos metros se está llevando a cabo uno de los famosos “operativos” de la AMET. Justamente en el momento en que ya se había quitado el cinturón de seguridad, un agente se acerca, y después del clásico “présteme sus documentos”, con la misma tranquilidad de la serpiente cuando caza su presa, el agente le entrega al conductor copia de le notifica de la comisión de una “infracción”: “No uso del cinturón”. No valieron los alegatos del indefenso conductor. El AMET no lo escuchó porque en situaciones iguales los miembros de la AMET no escuchan a nadie, vale decir, están robotizados; y en el tribunal tampoco lo escucharon, porque a esta institución solo se va a buscar un recibo necesario para realizar el pago de la multa en el Banco de Reservas. En otras palabras, usted no tiene donde defenderse ni a quien decirle: “Yo no cometí esa falta” Segundo caso: sucedió en Santiago. El miembro de la AMET nota que el conductor, entre sus piernas y agarrado con la mano izquierda, lleva un celular. Lo detiene, y aunque no estaba conversando en el momento de la detención, la multa le fue impuesta alegadamente por ir “hablando por celular mientras conducía”. ¿Qué pudo hacer o alegar dicho conductor en su defensa frente a semejante abuso? Absolutamente nada. Sencillamente pagar la multa. Tercer caso: ocurrió el viernes 6 del presente mes, también en Santiago, y el protagonista o víctima fui yo. Al llegar a la intersección formada por las Avenidas Circunvalación y Estrella Sadhalá, casi frente a la sede del recinto principal de la UTESA, el semáforo me indica que puedo doblar a la izquierda en U. Justamente en el momento exacto en que estoy saliendo de la intersección con el giro ya realizado, la flecha verde desaparece y reaparece la luz roja. Un “celoso” agente de la AMET de servicio allí, de apellidos SURIEL MUÑOZ, muy arrogante y nada cortés, ordena que me detenga, y sin mediar palabras me sale con que “usted no vio que el semáforo estaba en rojo”. Como auténtico Amet, ni por cortesía escuchó mis alegatos. El robot funcionó de nuevo. Fui a parar al cuartel de la AMET. Aquí, de manera ilegal, me incautaron el carro hasta tanto pagara la multa (mil pesos) y participara al día siguiente de una charla de orientación vial. Tiempo y dinero invertido, y todo gracias al capricho, prepotencia e irracional conducta de un agente policial que por estar concentrado, talvez, en no sé qué, no se percató de que la luz roja apareció cuando ya yo había cruzado la intersección. Yo soy de los que entienden que hay que tomar medidas estrictas para organizar el tránsito, pero estas siempre tienen que fundamentarse en la realidad y la razón, no en el capricho, el irracionalismo, la mala fe y el abuso de poder. Domingo Caba Ramos.
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