La cancillería argentina advirtió al gobierno de Israel que lo hace «responsable» de la integridad física del sacerdote argentino Jorge Hernández, párroco de la Sagrada Familia en la Franja de Gaza, y de las vidas de tres religiosas, 29 niños discapacitados y nueve ancianas a las que asiste en su misión pastoral y humanitaria. El martes 29, un bombardeo del ejército israelí destruyó parcialmente la escuela parroquial, la oficina del párroco y algunos locales de la pequeña comunidad.
(Aica/InfoCatólica) A través de una comunicación oficial, la Cancillería convocó a la embajadora de Israel en la Argentina, Dorit Shavit, para reiterar a Israel que además de garantizar la seguridad de las personas a cargo del padre Hernández «asegure que la parroquia de la Sagrada Familia vuelva a contar con suministros de alimentos, electricidad y agua potable».
El martes 29, un bombardeo del ejército israelí destruyó parcialmente la escuela parroquial, la oficina del párroco y algunos locales utilizados por la pequeña comunidad. Además del sacerdote, se encuentran en la propiedad tres religiosas, 29 niños discapacitados y nueve mujeres ancianas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el gobierno mantiene permanente contacto con la sede en Palestina del Instituto del Verbo Encarnado, congregación religiosa a la que pertenece el padre Hernández, que le comunicó el mensaje de solidaridad y «profunda preocupación» de la presidenta Cristina Fernández.
El gobierno argentino estableció un canal de coordinación con la Autoridad Palestina, las Naciones Unidas, el Patriarcado Latino y Cáritas para posibilitar la entrega de ayuda humanitaria.
Desde el primer día del conflicto armado en la Franja de Gaza, el gobierno argentino reclamó el cese de todo ataque militar contra civiles, especialmente niños y ancianos. En su carácter de miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Argentina condenó el uso desproporcionado del poderío militar del Estado de Israel que ha causado centenares de víctimas. A su vez, copatrocinó en el Consejo de Derechos Humanos la creación de una Comisión de Investigación para establecer las responsabilidades sobre las violaciones de derechos humanos en el territorio palestino, en particular en la Franja de Gaza.