Frecuentemente los medios de comunicación se hacen eco del grave e inhumano problema del hacinamiento que impera en nuestras cárceles, de este tema se habla mucho pero la población nunca ve soluciones.
Todos sabemos que las prisiones dominicanas están superpobladas elevándose a más de 22 mil las personas privadas de su libertad, con la consiguiente falta de espacio para vivir seres humanos aunque sean cautivos
Lo peor de esta situación es que el 65 % de los reclusos son preventivos y solo un 35 % han sido condenados, ese elevado porcentaje de presos en condición preventiva es muy superior al de otras naciones latinoamericanas donde la cantidad de internos preventivos oscila apenas entre el 5 y 15 % de la población penal; además la prisión preventiva implica una gran injusticia pues un gran número de los encarcelados en esa condición podrían ser inocentes.
Para hacer más dramática la situación de los ciudadanos en conflicto con la ley la mayoría de las prisiones dominicanas operan en vetustos edificios en su gran mayoría con más de 50 años de haber sido edificadas. De la 35 cárceles que hay en país solamente las de Najayo, Monte Planta, Rafey en Santiago, San Francisco de Macorís, El 15 de Azua, y las Departamentales Este Y Nordeste tienen menos de 20 años de construidas. En el otro extremo encontramos casos tan aberrantes como el de la cárcel provincial de Pedernales cuya construcción data de 1932 y la de Monte Cristi edificada en 1935.
Puesto que la construcción de nuevos recíntos tardará como mínimo cinco años, y la urgente necesidad de los internos no puede esperar tanto tiempo; la mejor y más práctica solución para las autoridades encarar el problema, es que la Procuraduría General de la Republica en coordinación con las diferentes fiscalías y la Dirección General de prisiones se aboquen a un plan nacional de liberación Administrativa de reclusos.
Aquellos internos condenados a largas penas que hayan cumplido la mayor parte de su condena y por lo tanto ya han sido escarmentados deben ser puestos en libertad, de esta forma se ganara espacio en las prisiones. Para nadie es un secreto que debido a las pésimas condiciones de vida en que se desenvuelven las penitenciarías, el estado de salud de los reclusos se deteriora mucho por lo tanto se haría una labor humanitaria y justiciera al mismo tiempo.
En cuanto a los preventivos, aquellos que tengan seis meses o más detenidos por causas simples sin habérseles probado la acusación que se le imputa deben ser puestos en libertad. Otra medida saludable seria la libertad bajo palabra de los internos condenados a cinco años de prisión y hayan cumplido más de tres años; de esta forma también se ganara mucho espacio en el interior de los recintos carcelarios.
Con estas medidas la autoridades evitaran la ocurrencia de motines y hechos tan abominables como el incendio de la cárcel de Higuey ocurrido hace seis años, en el cual murieron personas a las que no se le había demostrado la violación a la ley que se le imputaba, y otros que ya habían cumplido sus penas.
Evitemos otro episodio tan inhumano, despiadado y dantesco, como el mencionado.
Por: Julio César Valdez Valdez.
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