La fiscalía solicitó que le otorguen la libertad condicional por problemas de salud a María Lourdes Afiuni, magistrada acusada de permitir el escape de un enemigo del gobierno
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El pedido de la fiscal Emylce Ramos le permitiría a Afiuni, que está presa desde hace más de tres años y medio, salir de su casa para realizarse los tratamientos médicos que considere necesarios. Sin embargo, en el escrito también se ratificó la prohibición de salir del país y de dar declaraciones a los medios de comunicación.
"Ha quedado muy claro que la doctora María Lourdes Afiuni no ha cometido ningún delito y que se ha generado un fraude procesal. Al gobierno no le interesa que salga esta tramoya durante la privación de libertad de la doctora Afiuni", afirmó José Amalio Graterol, abogado defensor de la jueza.
Por el momento, en el juzgado a cargo de Marilda Ríos no dio una respuesta oficial al pedido de la fiscalía.
"No tengo la menor idea de lo que ocurre", fue el mensaje que escribió la sorprendida jueza en su cuenta de Twitter.
En las horas siguientes, tuiteó en numerosas oportunidades que se encontraba "a la espera" de la decisión del juzgado.
La misma sorpresa que ella manifestó Nelson Afiuni, el hermano, que atribuyó el cambio en la postura oficial a que el proceso judicial le estaría dando la razón a la defensa, ya que de los 40 testigos convocados, 23 declararon a favor de la acusada.
La causa Afiuni se remonta al 10 de diciembre de 2009, cuando se efectuó una audiencia en la causa contra Eligio Cedeño, un banquero que entonces llevaba tres años preso sin condena por evadir controles de divisas.
El acusado solicitaba su liberación, en tanto llevaba más tiempo del permitido en prisión preventiva (el límite era de dos años), pero, como ya había ocurrido en otras oportunidades, los fiscales no se presentaron, lo que le impedía a la jueza proceder con el pedido.
Sin embargo, en esa oportunidad la jueza procedió de todas formas, y le concedió la libertad bajo fianza. Esa misma noche Cedeño huyó a Estados Unidos y Afiuni fue detenida por funcionarios de la extinta Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (actualmente Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).
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