En la República Dominicana es creciente la causa de muertes por accidentes de tránsito, a tal extremo que surgen informes de la Organización Mundial de la Salud en que somos el segundo país en el mundo.
La República Dominicana está en la obligación de invertir en el registro civil a los fines de obtener un sistema más eficiente y efectivo con relación a las informaciones de los ciudadanos que ya han fallecido, pues tal es la situación jurídica que hasta los contratos de agua y luz les siguen llegando al que fuera su domicilio.
Más la gravedad del asunto no radica en esto, sino en el hecho de que no pueden efectuar actos de la vida civil por no existir y siguen estando vigentes los contratos que estos habían celebrado. Esto evidencia la necesidad de hacer inversiones en ese sentido lo cual ayudaría a evitar el fraude para la obtención de documentos falsos como ha acontecido en los últimos años.
Es inminente esta necesidad y que la regulación de la misma solo requiere de ciudadanos con disponibilidad y competencia para dirigir por el camino del orden el registro civil dominicano.
La Junta Central Electoral que hoy regula las emisiones de documentos en coordinación con el gobierno debe asumir medidas cautelares en este tenor para proteger la seguridad e integridad de los actos de la vida civil. Cuando se organice el país en este tenor será más fácil favorecer el respeto al sistema jurídico vigente y evitar fraudes en torno a la identidad de las personas físicas.
El autor es abogado.
René Burgos
jueves, 6 de junio de 2013
El estatus jurídico de los difuntos
8:41 a. m.
opinion
Entradas
