Julio Vasquez.

Radio Renacer

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lunes, 11 de marzo de 2013

Todo lo legal, no es justo

En los últimos tiempos, nuestro país, ha sido testigo de acontecimientos de carácter legal y humanos, que han suscitado el interés de la población y que han puesto a pruebas a organismos del Estado y a los tribunales nacionales, encargados de tomar las decisiones pertinentes en cada caso.
Algunos de esos acontecimientos, que la ciudadanía está pendiente de que se produzca un desenlace definitivo, se refiere al Contrato suscrito por el Estado dominicano con la empresa Canadiense Barrick Gold y el de la Placerdom, con respecto a la explotación de Loma Miranda, en la provincia de la Vega.
Pero en el caso político, ya tenemos decisiones, que aunque al parecer han sido legales, las tomadas por el Tribunal Superior Electoral, TSE, respecto a la crisis interna que sacude al Partido Revolucionario Dominicano, PRD, no han convencido ni satisfecho a una importante mayoría de dominicanos.
A pesar de que la sociedad dominicana ha reconocido que Miguel Vargas, es el presidente titular, elegido por los perredeistas por un periodo de cuatro años, también ha reconocido que el principal dirigente del partido blanco ha perdido el control de las mayorías internas en esa formación política.
En ese sentido, las percepciones y los deseos de la inmensa mayoría de dominicanos que entienden la necesidad de que el PRD debe permanecer como fuerza política que garantice el contrapeso al ejercicio de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, han considerado que las decisiones del TSE, en torno a la crisis que afecta a ese partido no se han correspondido con el momento político y social que vive la Republica Dominicana.
Estas decisiones le han hecho creer a los ciudadanos que han dado seguimiento al comportamiento de los jueces del Tribunal Constitucional, que estos magistrados no han sido lo suficientemente equilibrados y justos al adoptar acciones que lo que han hecho ha sido profundizar la crisis en el PRD y favorecer a un grupo que preside un presidente aunque legítimamente ha sido electo por cuatro años, no así representa la fuerza orgánica ni estatutaria de ese partido.
Para poner fin a ese episodio bochornoso, tanto desde el punto de vista institucional para el PRD, como desde el punto de vista jurisdiccional por parte del Tribunal Superior Electoral, convendría que desde ya los estamentos legales del país se pronuncien con relación a lo que sería la única instancia que podría poner fin a la crisis perredeista y que por vía de consecuencia evitaría el deterioro de la imagen del TSE ante la sociedad dominicana, que lo es la figura de la convención nacional para que ese partido escoja libremente a las autoridades que estarían en capacidad de dirigir sus destinos.
En cuanto a los dos aspectos planteados de cara a las multinacionales Barrick Gold y Placerdom, el país, al igual que con la situación que afecta al PRD, se ha puesto de un salo lado, y como siempre hemos escuchado decir que los pueblos son y deben ser soberanos, esperamos que nuestros organismos estatales competentes no se vuelvan a equivocar al tener que tomar una decisión que perjudique a las grandes mayorías nacionales que se han manifestado abiertamente contra las acciones legales que amparan a estas empresas extranjeras.
La negación de una justicia justa y apegada al bien común genera graves consecuencias contra quienes se aventuran a tomar decisiones equivocadas, por lo que le rogamos a los tribunales del país y a quienes tienen el deber de administrar justicia a través de ellos, que tomen sus decisiones apegadas a la equidad , a la veracidad y al bien colectivo del pueblo para que al final no se conviertan en victima de la ira de éste.
De todos modos, adelantamos que estamos seguros de que con el Contrato de la Barrick Gold, particularmente, no sucederá lo mismo que ocurrió con la decisión adoptada contra la mayoría de militantes y dirigentes del PRD, porque por primera vez hemos visto que hasta quienes tienen el deber tomar las decisiones procesales se han pronunciado en contra de esa gran injusticia que se ha cometido contra el pueblo dominicano.
Autor: Balbueno Medina