La corrupción en la República Dominicana es sin lugar a duda un mal que afecta todos los estamentos del gobierno y atenta contra el progreso y la democracia que hoy, vemos desvanecer cada día más. Esta dolencia endémica tiene al país sumergido en el caos y con una crisis económica avasallante.
Hoy la deuda supera el 50% del Producto Interno Bruto (PIB) y la incidencia de la corrupción consume más de un 5% del mismo cada año, superando así incluso, el 4% asignado en la actualidad al Ministerio de Educación.
Los excesivos niveles de corrupción están tronchado el desarrollo económico del país y afectan de manera perniciosa nuestras relaciones con otros países, esfumando nuestra credibilidad en el foro internacional. Hoy estamos calificados dentro del 30% de los países más corruptos, sobresaliendo por sucesos de ésta perversión como es el caso más reciente de la compra de los aviones Súper Tucano.
La República Dominicana padece de una fatídica cultura de corrupción, el resultado de una voluntad política absolutamente permisiva ante una evidente y catastrófica depredación del erario público. Hemos visto las imposiciones de diferentes sectores en el ejercicio del Poder Judicial, engavetando numerosos casos y manipulando auditorías para encubrir hechos delictivos de los funcionarios; percibimos la evidente complicidad de nuestra jurisprudencia con los responsables de éste ignominioso trastorno.
Sin embargo, recientemente el Procurador General de la República Dominicana reafirmó su compromiso de perseguir a estos criminales de cuello blanco con un ahínco y una determinación invariable, y asimismo ha tomado pasos positivos para demostrar su compromiso con estas afirmaciones.
En ese sentido y sin contemplar diferencias partidistas o ideológicas, debemos apoyar rotundamente cualquier iniciativa que persiga la erradicación absoluta de la corrupción en nuestro país, y reconocer los esfuerzos de quienes se dedican a imponer el fiel cumplimiento a nuestras leyes.
En ese sentido, nos solidarizamos igualmente con el Embajador de los EEUU en la República Dominicana ante sus expresiones de respaldo a la gestión del Procurador contra la corrupción y el crimen organizado, y apoyamos la postura firme del gobierno norteamericano de una “tolerancia cero” a la corrupción.
La lucha contra la corrupción atañe a todos los dominicanos y como tal, debemos involucrarnos en todos los procesos de desafío. Como ciudadanos debemos exigir un apoyo irrestricto de nuestro Primer Mandatario a la labor de la Procuraduría General, apoyados en el Artículo 128 de nuestra Constitución que le exige al Poder Ejecutivo “velar por la buena recaudación y fiel inversión de las rentas nacionales.”
La aniquilación de la corrupción debe ser una prioridad gubernamental, pues es un cáncer que de no extirparse adecuadamente, perseverará, destruyendo así nuestro futuro, y conduciéndonos hacia el precipicio que hoy se aproxima vertiginosamente con un ímpetu casi ineludible y definitivamente catastrófico.
Celebremos juntos éste pequeño indicio de esperanza que se asoma tímidamente en busca de justicia y aceptación; en lo adelanta exijamos para que éste sea solo el inicio de una precisa reivindicación de nuestro Poder Judicial.
¡Que viva por siempre la República Dominicana!