Cinco años después del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya por promover la reelección presidencial, los mismos sectores que propiciaron el golpe de estado plantean hoy las bondades de permitir que el actual mandatario se mantenga en el poder por un segundo período.
“En este mundo moderno no podemos tener un bozal, queremos discutir todos los temas”, dijo el jefe de la bancada oficialista en el Congreso Oscar Álvarez al presentar el 8 de diciembre ante la Corte Suprema un recurso de inconstitucionalidad, firmado por 16 diputados del Partido Nacional de gobierno, que pedía modificar un artículo de la constitución que prohíbe defender la reelección presidencial.
La iniciativa tropezó con el firme rechazo de la oposición, que en una actitud nunca vista en Honduras se unió en el Congreso a mediados de diciembre para denunciar lo que consideran la deriva dictatorial del gobierno de Juan Orlando Hernández, un presidente que se está apoyando cada vez más en el ejército para desarrollar el lema con el que fue elegido hace un año: “Voy a hacer lo que tenga hacer para recuperar la paz y la seguridad en el país”, azotado por la violencia del narcotráfico y las pandillas.
Plantear el debate sobre la reelección podría acarrear hasta 12 de años de cárcel y pérdida de los derechos políticos, según la actual legislación hondureña.
“El recurso busca quitar esa pena y si el pueblo quiere que la cámara convoque a un plebiscito popular sobre este tema, que se haga”, afirmó el diputado oficialista Mario Pérez.
El pronunciamiento opositor del lunes incluyó un manifiesto leído ante la televisión por el ex presidente Zelaya, como cabeza del partido Libertad y Refundación (LIBRE), segunda fuerza política del país; Mauricio Villeda, presidente del Partido Liberal, y Salvador Nasrallah, del Partido Anticorrupción, que postulaba hacerle frente a “la dictadura y en defensa de la ley” porque la propuesta de reelección “destruye la base jurídica del ordenamiento constitucional”.
“El delito es de traición a la patria”, dijo Nasrallah. La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República, que deben decidir sobre el recurso, han sido vistas en el pasado como dependientes de quien las nombró hace un año: el entonces presidente del Congreso y ahora presidente de la República Juan Orlando Hernández.
“Si él pide una interpretación, la sala constitucional va a interpretar a su favor”, opinó el juez Ramón Enrique Barrios. Para el juez Barrios, “si antes era Zelaya quien buscaba el continuismo, ahora es Hernández quien lo busca”.
El ex miembro del Tribunal Supremo Electoral Enrique Ortez cree que el riesgo es no haber aprendido nada de la crisis de 2009. De aprobarse la reforma, dijo, “se abrirían las heridas profundas que existen en el país”.
Zelaya fue derrocado por un golpe de estado militar en junio de 2009 con apoyo de la Corte Suprema de Justicia y el Congreso tras un periodo de fuerte turbulencia política en Honduras. Según el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, publicado en 2011, Zelaya había tomado una serie de decisiones económicas sobre la distribución de carburantes en el país y la subida del salario mínimo que le confrontó con parte del sector empresarial.
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