Indonesia notificó a nueve extranjeros y un ciudadano condenados por narcotráfico que serán ejecutados el martes o miércoles, a pesar de los pedidos del jefe de la ONU y gobernantes extranjeros de que se les perdone la vida.
Las autoridades pidieron a los cuatro nigerianos, dos australianos, una filipina y uno cada uno de Brasil, Francia e Indonesia que expresaran su último deseo, dijo el domingo el vocero de la procuraduría, Tony Spontana.
Dijo que nueve de ellos han agotado sus apelaciones, en tanto el francés Serge Atlaoui aún tiene un amparo por la forma en que se recibió su pedido de clemencia. Se prevé que la Corte Suprema fallará sobre el amparo el lunes, dijo Spontana.
El aviso de 72 horas significa que las ejecuciones por fusilamiento en la cárcel de Besi sobre la isla de Nusakambangan se realizarán el martes o miércoles.
Las ejecuciones han provocado indignación internacional, sobre todo en Australia, Francia y Filipinas, que se oponen a la pena de muerte.
El secretario general de la ONU Ban Ki-moon exhortó al presidente Joko “Jokowi” Widodo a “considerar con urgencia la declaración de una moratoria sobre la pena capital en Indonesia, con vistas a la abolición”.
El presidente francés, François Hollande, advirtió que habría consecuencias diplomáticas y posiblemente económicas si se ejecuta a Atlaoui.
El primer ministro australiano Tony Abbott arribó en visita oficial a París el sábado por la noche y se prevé que discutirá la situación con Hollande.
El presidente filipino Benigno Aquino III dijo el domingo que intercederá por la traficante Mary Jane Veloso ante Jokowi el lunes, durante la cumbre anual del sudeste asiático en Malasia. Veloso se declaró inocente en una carta a Aquino.
Funcionarios consulares y parientes arribaban el domingo a una población cerca de Nusakambangan, la isla prisión de alta seguridad, para un último encuentro con los condenados.
Indonesia tiene leyes antidrogas sumamente estrictas y con frecuencia ejecuta a los traficantes. Más de 130 personas aguardan su ejecución, la mayoría por delitos relacionados con las drogas. Un tercio de éstas son extranjeros.
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