La gobernadora Jan Brewer promulgó el viernes una iniciativa enmendada, que aprobaron los legisladores de Arizona en el último día de su periodo de sesiones, a fin de realizar cambios a la controversial ley que busca combatir estrictamente la inmigración ilegal.
La ley requiere que los agentes locales y estatales interroguen a la gente sobre su situación migratoria ante cualquier sospecha de que esas personas se encuentran ilegalmente en el país. Convierte también en un delito estatal el encontrarse en Estados Unidos sin portar los documentos debidos.
La iniciativa de enmiendas promulgada por Brewer realiza varios cambios que, a juicio de la gobernadora, mitigarían las preocupaciones acerca de que la ley llevaría a individuación racial.
"Estos nuevos apartados dejan claro como el agua y consideran innegable que la individuación racial es ilícita y no será tolerada en Arizona", dijo Brewer en un comunicado.
Los cambios incluyen uno que endurece las restricciones contra el uso de factores raciales o étnicos como la base para que la policía realice interrogatorios. La iniciativa incorpora esas mismas restricciones en otras partes de la ley.
Otro cambio señala que las preguntas sobre el estatus migratorio deben seguir a un procedimiento en el que un agente detiene a una persona con el fin de hacer que se cumpla otra ley. La ley anterior refería sólo que la policía estuviera en "contacto" con una persona para interrogarla.
Una enmienda más especifica que las posibles infracciones de ordenanzas locales de carácter civil pueden derivar en un interrogatorio sobre la condición migratoria.
Stephen Montoya, abogado de Phoenix, quien representa a un agente policial cuya demanda fue una de tres presentadas el jueves para impugnar la ley, dijo que los cambios no lo harán desistir de su querella, porque el estado sigue tratando, en forma anticonstitucional, de regular la inmigración, lo que constituye una responsabilidad federal.
Montoya dijo que las mayores restricciones sobre raza y origen étnico hace del cumplimiento de esta ley algo "potencialmente menos discriminatorio", pero señaló que la provisión de la ley local resulta preocupante, porque deja un margen muy amplio sobre cuándo puede aplicarse la legislación.
Tanto la ley como los cambios entrarán en efecto el 29 de julio, a menos que una corte o una solicitud de referéndum lo impidan.
El auspiciador de los cambios, el senador republicano Russell Pearce, los presentó el jueves, en una comisión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado. Luego dijo que las revisiones no cambiarían la forma en que la ley se aplica, sino que aclararían las intenciones de la medida y harían más fácil defenderla ante una corte.
"No habrá individuación racial", dijo Pearce en una entrevista.
Pearce dijo que el cambio en la redacción no requiere un arresto formal antes del interrogatorio, sino que ayuda a aclarar que no se permite detener a alguien sólo por su aspecto racial o étnico.
"Hay que tener una razón real y legítima, basada en alguna infracción o actividad sospechosa, con base en alguna razón legítima. No puede ser sólo por cómo te ves", dijo.
Hubo poco debate entre los legisladores al analizar los cambios, pero los demócratas que se opusieron a la ley, se manifestaron también en contra de los cambios.
El representante Ben Miranda, abogado que representa a un grupo de clérigos latinos, quienes están detrás de una de las tres demandas interpuestas el jueves contra la ley, dijo que la nueva estrategia para combatir la inmigración ilegal resulta errónea.
"En todas partes de Arizona hay un clamor para que se haga cumplir la ley de una manera razonable y dirigida a los delitos más graves que tenemos en la comunidad", dijo el demócrata por Phoenix, el jueves por la noche. "El elemento de individuación racial es real".
La representante demócrata Kyrsten Sinema dijo que la nueva redacción sobre las ordenanzas civiles podría generar quejas sobre individuación racial que utilice como pretexto algún automóvil mal estacionado o la acumulación de basura o escombros en un patio.
Los organizadores de dos campañas para organizar un referéndum que desafíe la ley original dijeron que ajustarán sus solicitudes para reflejar los cambios añadidos por la Legislatura.
La presentación de solicitudes de referéndum para el 29 de julio suspendería la implementación de la ley a la espera de la votación. El referéndum se realizaría en noviembre o en el 2012, dependiendo en buena medida de cuándo se presenten las peticiones.
Entradas
