Los tres jueces cancelados por el Consejo del Poder Judicial (CPJ) están acusados por la Procuraduría General de la República de pertenecer a una estructura mafiosa que se dedicaba a manipular procesos y negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado, principalmente en las áreas de narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
Dicha estructura, de acuerdo al expediente acusatorio presentado por la Procuraduría, operaba a lo más alto de la justicia dominicana, supuestamente encabezada por el suspendido juez del CPJ Francisco Arias Valera, con la complicidad de otros magistrados de primera instancia.
Sobre el particular, el procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, declaró esta mañana que el caso de los jueces Víctor Mejía Lebrón, Rosó Vallejo Espinosa y José Dionisio Duvergé Mejía no debe quedarse en un simple juicio disciplinario e informó que estudia la sentencia dictada contra ellos en procura de determinar el próximo paso a seguir.
“En el día de hoy vamos a revisar la sentencia del fin de semana. Eso no debe quedar en juicio disciplinario, vamos a profundizar”, precisó Domínguez Brito.
El expediente sostiene que hasta el momento se ha evidenciado que esa estructura estaba dirigida por Arias Valera, extitular del CPJ, e integrada por los jueces Awilda Inés Reyes Beltré, Delio Antonio Germán Figueroa, José Dionicio Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón.
De manera individual, la Procuraduría General de la República tiene un proceso abierto por la vía penal contra Arias Valera y la magistrada Reyes Beltré.
Al destituido juez Duvergé Mejía la Procuraduría lo acusa, entre otro rosario de hechos, de haber favorecido a cambio de dinero con una garantía económica de cien mil pesos al puertorriqueño José Antonio David Colón y a los dominicanos Federico Castillo Papua, Edickson Javier María y Francisco Amaury Simó John, arrestados durante una operación en que se ocuparon 340 paquetes de cocaína, con un peso de 388 kilos.
Mientras al también destituido juez Valle Espinosa, la Procuraduría lo acusa, entre otros hechos, de actuar en complicidad con los jueces Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón, ambos de la Corte de Apelación de Santo Domingo, para poner en libertad a José Martín Cortorreal Ramírez, hecho preso por llevar en el interior de su estómago sustancias prohibidas por la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana.
El expediente indica que sobre ese caso existen denuncias de que la decisión se dio a cambio de un millón de pesos.
El destituido juez Rosó Vallejo informó esta mañana, a través de su abogado Frank Reynaldo Fermín, que recurrirá en revisión la sentencia dictada en su contra por entender que no se hizo justicia y que es inocente de los cartos instrumentados en su contra.
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