Luego de que un interno cumple condena por la comisión de algún delito en la cárcel de La Victoria, comienza entonces la lucha para obtener la libertad. Estas gestiones se han convertido en una pesadilla para los reos y sus familiares.
Aunque esta situación no es exclusiva de este penal, allí la demora procesal lleva a la desesperación a los internos, los cuales deben esperar que el juez de Ejecución de la provincia Santo Domingo envié la orden de libertad, que muchas veces es devuelta para conocer si tienen otros casos pendientes, dejando esto al descubierto un total desconocimiento y control administrativo de los casos.
Maritza Arias, presidenta del Patronato de Reclusos de La Victoria, afirmó en una visita a elCaribe que otro de los problemas que afecta a los procesados que solicitan libertad condicional es el papel de buena conducta que les exigen las autoridades para poder optar por la misma.
Mientras, la señora Marina de la Cruz, de unos 70 años, madre del reo José Rosario de la Cruz, pidió a las autoridades otorgarle la libertad a su vástago, porque ya cumplió su pena desde hace un mes. “Que le otorguen la libertad, que me suelten a mi hijo, porque yo solo cuento con él y desde que está preso yo solo he pasado trabajo”, se quejó.
Arias resaltó que el procedimiento para el papel de buena conducta resulta muy irregular. “A veces la piden, a unos se lo dan, a otros no, y eso trae muchos trastornos en la población cancelaria, al igual que los documentos que les exigen a extranjeros cuando cumplen condena en el país".
"Cuando a un extranjero le dan la condicional (libertad), lo tiran a la calle desde el tribunal de la Ejecución de la Pena sin ningún documento y entonces esos extranjeros andan a la deriva por las calles, sin poder recibir remesas ni realizar ninguna transacción y durmiendo en zaguanes o donde le coja la noche”, dijo Arias, quien andaba en compañía de Virgilio Almánzar del Comité Dominicano de Derechos Humanos.
Arias destacó que otro de los obstáculos que tienen los extranjeros es la solicitud de garante para otorgarle la condicional, resaltando que una persona que no es dominicana se le dificulta encontrar un garante solidario que le garantice un trabajo porque no conoce a nadie.
“En múltiples ocasiones, nosotros en las comunidades, pedíamos voluntarios para que se hicieran cargo de la persona, porque ese es uno de los requisitos. El Código no dice que hay que llevar un garante, pero el juez como tiene la facultad de opinar, pone un garante, pero los extranjeros, la mayoría, no tienen garante ni el dinero para pagar la multa completa”, indicó.
Maritza Arias solicitó a la Dirección de Prisiones tomar en cuenta para la libertad condicional o prisión domiciliaria a la gran cantidad de reos ancianos y enfermos, tal como lo estable el Código Procesal Penal.
La presidenta del Patronato de Reclusos de La Victoria consideró que las cárceles del país están llenas de presos preventivos, no por culpa de los jueces, sino por la dejadez e inoperancia de las autoridades administrativas.
Puso como ejemplo el caso del interno José Rosario de la Cruz, quien hace cinco meses cumplió una condena de ocho años por homicidio y asociación de malhechores y hasta el momento nono logrado salir en libertad.
Al respecto, Virgilio Almánzar, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, dijo temer por la vida del joven Rosario debido al desorden que dijo impera en las cárceles del país.
“A esta altura de juego hablamos de respeto a los derechos humanos, pero, y los reclusos, no son seres humanos y no hay recursos para ellos y los papeles para ellos mandarlos, como ellos dicen, hay buscar recursos, y siempre se la ponen difícil a la gente”, señaló Almánzar.