En horas recientes se ha quejado el general Manuel Castro Castillo, jefe de la Policía Nacional, señalando que muchos apresados por el organismo a cargo de la seguridad pública, salen libres apenas pisan los estrados judiciales, comprometiendo con ello la paz de la nación debido a que la liberación de delincuentes y criminales devuelve al conglomerado social a individuos que viven al margen de la ley por decisión personal.
El jefe policial señaló que durante la gestión que cumple al frente del cuerpo policial, se han apresado cerca de quince mil malhechores y la mayor parte de los mismos se encuentra en libertad, incluyendo un tipo apresado bajo acusación criminal por la comisión de un homicidio y dejado libre a las pocas horas de ser detenido.
Hay necesidad de escuchar la voz del jefe policial, no porque tenga la razón, sino porque es imperioso que las instancias de instrucción en la raíz de todo proceso y la Policía Nacional hablen un lenguaje común que cierre el camino a todo hecho delictivo desde el momento mismo en que los agentes policiales cumplan la parte que les incumbe en la lucha contra los criminales.
Aunque laboran desde planos diferentes, no se encuentran ajenos el uno del otro y tal cual se puede percibir sin adentrarse ni siquiera en aspectos como los privativos de cada organización, se complementan de tal modo que puede afirmarse que no tiene sentido el sistema judicial si carece del apoyo de un cuerpo de orden público que contribuya a investigar en una instancia primaria, los casos que se muestren como perturbadores de la tranquilidad de cada ciudadano, de sus familias, de sus bienes y de todo cuanto sea propio de la paz social.
Ponerse de acuerdo implica determinar cómo se elaboran los expedientes que la Policía Nacional introduce por ante el Ministerio Público, pues parte del alegato que, como respuesta, exponen en el sistema judicial, es que muchas veces los sometimientos se encuentran carentes de las pruebas indispensables para que un caso pase a la jurisdicción de juicio.
La cuestión, por consiguiente, no radica en encontrar culpables a uno u otro lado; ni siquiera prejuiciar que el sistema judicial (en la jurisdicción de instrucción o en la jurisdicción de juicio) es proclive a la criminalidad o actúa en concusión con los acusados, porque cada uno de los miembros del Poder Judicial son personas que forman parte de la sociedad dominicana y lo menos que querrán es el dislocamiento de la vida en comunidad, a sabiendas de que el caos puede afectar hoy a un vecino, pero que, la fortaleza de la criminalidad, finalmente, también tocará la puerta de cada integrante de los organismos judiciales.
Por supuesto, no se niega la presencia de personas de escasa moral, cuyo afán de lucro los lleva a olvidar sus responsabilidades; pero estas inconductas, como bien se sabe, afectan a gran cantidad de personas, desde los liderazgos públicos hasta el más humilde individuo de la calle y los que son las excepciones, son las personas honestas. Pero la admisión de esta realidad no puede ni debe conducir a nadie a sospechar de los servidores del tren judicial, en tanto no pueda probárseles, a aquellos de quienes se sospecha, que una decisión fue asumida a espaldas del interés colectivo, por deshonestidad.
De manera que lo conveniente en la situación denunciada por el jefe policial es que se pongan de acuerdo en uno y otro lado, para que ambos lados procuren el bien común al cumplir, cada quien, con los procedimientos aceptados para el manejo de los casos que tramita el uno –en el caso, la Policía Nacional- y recibe y se supone que trabaja el otro en virtud de la ley –en el caso, el sistema judicial.
FALSOS AGENTES
La identificación y detención de dos y muerte de uno que conformaban un trío que se hizo pasar durante un tiempo como agentes policiales adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas, lejos de tranquilizar, causa desasosiego, pues la ciudadanía se pregunta a cuántos asaltaron tras la fachada de agentes antidrogas, hasta que fueron detenidos ahora.
Es, debido a esa intranquilidad que se despierta, que conviene que no se realicen más redadas en calles urbanas ni en carreteras interurbanas, tal cual ha sido prometido por el jefe de la Policía Nacional, general Manuel Castro Castillo.
Opinión de la información
