Un total de 25 personas fueron sentenciadas este año por el Supremo Tribunal Federal, la corte suprema de Brasil, por su participación en un escándalo de desvío de fondos públicos para la compra de votos en el Congreso en los primeros años del gobierno del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuya administración enfrentó peligro de caer por el caso, conocido como "mensalao" por involucrar pagos mensuales a diputados.
Entre los sentenciados están José Dirceu, quien fuera poderoso ministro jefe de gabinete cuando ocurrió el escándalo, y los diputados en ejercicio Pedro Henry, Valdemar Costa Neto, José Genoino y Joao Paulo Cunha, además de ex legisladores, empresarios, banqueros y publicistas.
No obstante, al concluir una maratónica sesión de siete horas, no quedó claro cuántos deberán acatar la orden de prisión emitida por el tribunal, que deberá analizar las apelaciones pendientes y su posible impacto sobre las sentencias dictadas antes de ordenar su detención.
Dirceu, Genoino y Cunha están entre los que tienen apelaciones pendientes que podrían reducir sus sentencias, aunque no podrían llegar a ser absueltos.
"Este caso va a cambiar la forma de hacer política en Brasil y la forma de aplicar la justicia penal", afirmó en la sesión el magistrado Luis Roberto Barroso, al recordar que en el país suramericano los pobres son los que suelen enfrentar condenas penales.
De los 21 sentenciados a prisión, nueve recibieron penas de más de ocho años, con lo cual deberán entrar a régimen cerrado. Los restantes, por tener penas de menos de ocho años, podrán cumplir régimen semiabierto, que les permite pasar fuera de la prisión durante el día y solo ir a prisión para dormir.
De los condenados a régimen cerrado, cuatro podrían pasar a semiabierto si son acatadas sus apelaciones. Tres de los sentenciados recibieron sentencias alternativas de multas y trabajo comunitario.
