La DPLF, una organización dedicada a promover el Estado de Derecho y los derechos humanos en América Latina, con sede en Washington y fundada en 1996, presentó esta semana en Panamá un diagnóstico sobre la independencia judicial en la región.
"La falta de reconocimiento de la separación de poderes por parte del poder Ejecutivo es un patrón común en América Latina", dijo en una entrevista con Efe la directora ejecutiva de DPLF, la peruana Katya Salazar.
Salazar, junto a otros miembros de la Fundación, se reunió a puerta cerrada en Panamá con representantes de las Cortes Supremas de Latinoamérica y de organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, para presentarles un diagnóstico sobre la independencia judicial en la región.
El informe, sobre cuyo contenido no ahondó la directora de la DPLF, será un "aporte importante en la lucha por la independencia judicial" en el continente, principalmente en Centroamérica, por lo que espera que sea implementado por las autoridades respectivas.
El catedrático peruano y miembro de DPLF Luis Pásara señaló por su parte a Efe que la evaluación determinó que en los sistemas judiciales de Centroamérica existe un control político, que queda muy evidente cuando hay un interés particular del Gobierno o de grupos políticos o económicos importantes en determinado tema.
"Esta interferencia a través de estas vías las tenemos muy claramente marcadas", afirmó Pásara, profesor de Derecho en la universidad española de Salamanca.
Si bien en el informe no estableció una clasificación de los sistemas judiciales, sí se precisan rangos, para lo que se tomaron en cuenta aspectos como la independencia y la transparencia judicial.
De acuerdo al estudio de la DPLF, en Centroamérica los peores evaluados en el tema de la independencia fueron Nicaragua y Panamá, mientras que Costa Rica fue el mejor en ese renglón, pero uno de los últimos en cuanto a transparencia, dijo el catedrático peruano.
Para determinar la independencia, el estudio de la DPLF analizó la capacidad que tiene un juez para decidir un caso sin que intervengan otros poderes, mientras que la transparencia se basó en la posibilidad que tiene un ciudadano de obtener información sobre el funcionamiento de una corte.
Pásara resaltó que para cambiar la situación que ahora afecta la independencia judicial en la región no hacen faltas más reglas ni reformas constitucionales, sino "modificar las prácticas y las actitudes, los comportamientos de quiénes están en las cúpulas, tanto en el poder político como en el aparato de Justicia".
El catedrático reconoció que ese cambio de actitud no es una tarea fácil, entre otras cosas porque en los sectores de poder no existe "vocación" para ello.
Pásara recomienda que los grupos de la sociedad civil ejerzan presión para que los cambios se registren, como de hecho ya ha acontecido en Argentina, Colombia, República Dominicana y Perú.
"La incidencia de la opinión pública y la presión social que se ejerza para hacer el cambio, es clave", resaltó el profesor de la Universidad de Salamanca,
Dijo que también los medios de comunicación ejercen un papel importante para que se registren estos cambios, pero siempre que actúen de una manera justa y positiva, porque si bien hay una percepción de corrupción y de poca transparencia en los sistemas judiciales, no todos los jueces están involucrados en acciones negativas.
Autor: Nicolás Espinosa
EFE