Los dominicanos que cumplieron condenas en Estados Unidos por delitos penales, y deportados a territorio dominicano, enfrentan obstáculos en el país para acceder a un empleo, según establece el informe sobre el “Estado del arte de las migraciones”, el cual hace referencia al caso de República Dominicana.
La investigación cuestiona que aún se sigan creando fichas criminales de manera permanente, registrando al acusado como imputado de la comisión y participación en hechos criminales, a pesar de no tener un historial delictivo en el país.
Como consecuencia, a los deportados se les presenta una difícil situación para reinsertarse a la sociedad y a la productividad, ya que al aparecer “fichados” no pueden obtener certificado de buena conducta, requisito que normalmente exigen los empleadores.
Algunas organizaciones han expresado desacuerdo con la práctica de la Policía Nacional, que exige a los criollos desterrados de Norteamérica reportarse mensualmente durante seis meses ante el Departamento de Deportaciones para “darles seguimiento”.
En opinión de esas entidades que actúan a favor de los derechos de las personas, esta práctica constituye una medida de coerción, la cual es competencia de las autoridades judiciales.
A pesar de que alguno deportados han logrado insertarse en el plano laboral, particularmente en centros de llamadas (call centers), por su dominio del inglés, fundamental para ese tipo de empleo, muchas otras que no pueden acceder a ese trabajo tienen que depender de familiares, conocidos y fundaciones que dan apoyo y asistencia a estos “desdichados”.