Santo Domingo.- El miembro del pleno de la Junta Central Electoral (JCE), Eddy Olivares, presentó su oposición rotunda ante la Cámara de Diputados sobre la posible modificación del Código Penal que propone aumentar la pena sobre la difamación e injuria.
El Proyecto de Reforma Penal que se estudia en la Cámara de Diputados, busca que se le condene a un año de prisión y multa de una y media vez el salario mínimo del sector público, y la injuria con seis meses de prisión y multa equivalente a una y media vez el salario mínimo del sector público.
Al res pecto, Olivares plantea que sean excluidos de la difamación e injuria los asuntos de interés público, pero en caso de no ser acogida la sugerencia, pide se excluya a la JCE de la lista de entidades públicas y funcionarios protegidos por el Código Penal.
Mediante una carta enviada a los miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el miembro de la JCE plantea que fue injusta la inclusión del máximo organismo electoral en ese proyecto.
"Ninguno de los códigos penales de Latinoamérica incluye los órganos electorales, ni tampoco privilegian a los funcionarios públicos", señaló Olivares.
En tal sentido advierte que incluir a la JCE en el paquete de instituciones privilegiadas con el agravamiento de la pena, "provocarían la autocensura de políticos, periodistas y ciudadanos que percibirían tal privilegio como un mensaje intimidante de la ley".
Olivares afirmó que la experiencia le ha demostrado que las leyes de difamación e injuria que contienen penas drásticas, son utilizadas por las figuras poderosas que son protegidas por ella para atacar a sus críticos.
El funcionario aclaró que la JCE y sus titulares son los funcionarios públicos, que por la naturaleza de sus funciones, deben tolerar más críticas de los ciudadanos comunes, los políticos y los medios de comunicación.
"Sin lugar a dudas, la difamación y la injuria son asuntos de carácter privado entre individuos que para ser corregidos no requieren de la intervención del Estado. En consecuencia, es oportuna la reforma al Código Penal para su derogación, a los fines de que sean nuestros tribunales civiles quienes tengan la atribución de conocerla", sugiere finalmente el miembro de la JCE.
Autor: LAZARO MEDINA