Autor: Manuel Hernández Villeta.
La venta y consumo en forma indiscriminada de azúcar ligada con arena, demuestra que en el país son torpes, inexistentes, los mecanismnos de seguridad sanitaria, que pueden ser violados impunemente.
Nadie tiene control de los alimentos que llegan a la República Dominicana, y en muchas ocasiones hay denuncias de que se venden productos de mala calidad. No recuerdo una ocasión en que haya sido sometido a la justicia una persona, por la comisión de ese hecho.
Para que entre al mercado dominicano un cargamento de azúcar contaminada, tiene que violarse un amplio reglamento de seguridad de aduanas y sanitario, por o que también es momento de pasar revista en los ministerios a cargo de esos controles.
Esto indica que los consumidores están a expensas de la oferta y la demanda, de la ley del mercado, que comienza en fijar los precios, y termina infestando los niveles de calidad.
Como pasó con los embutidos, se hace una denuncia, el asunto se airea en los medios de comunicación y todo sigue igual. En casos como éste, la denuncia no tiene importancia, sino el sometimiento judicial.
Y llevar este caso a la justicia corresponde a instituciones que sean reconocidas, que tengan fuerza social, para que próspere el expediente. Un ciudadano en forma individual carece de la suficiente fuerza, para someter a nadie.
Se habla del derecho del ciudadano, pero esas son simples pamplinas. El hombre individual y sus instituciones comunitarias es un excremento en nuestra sociedad y nadie le toma en cuenta.
En Estados Unidos, ese hombre, solitario en la multitud, tiene al llamado Defensor del Pueblo. En el país se ha estado trabajando para establecer el Defensor del Pueblo, pero está empantanado por la lucha de sectores.
Para la República Dominicana es una necesidad el Defensor del Pueblo, pero ello no es garantía de que se van a respetar los derechos de los consumidores.
Aquí periódicamente hay denuncias de medicamentos que se venden pasados de fecha o falsificados, y nunca hay un responsable con las manos esposadas.
Es más, productos que los organismos competentes norteamericanos consideran no aptos para el consumo humano, y que están prohibidos, se venden en nuestro territorio a la oferta y la demanda, sin ser retirados de los anaqueles.
Un Defensor del Pueblo es necesario, pero no para crear un burócrata con presupuesto millonario, o para aumentar el ego de personas que piensan que tienen liderazgo social.
Hoy, el consumidor no tiene quien le defiende. Las denuncias no tienen importancia, sino hay sanciones.