Washington.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispuso el levantamiento o cese de la medida cautelar otorgada a favor del financista Luis Álvarez Renta, condenado por lavado de activos en Estados Unidos y en la República Dominicana.
El levantamiento de la medida cautelar fue informado al Gobierno dominicano por el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago A. Cantón, quien reveló, además, que ese organismo procederá al archivo del expediente. Es la segunda vez que la CIDH archiva ese pedimento de Álvarez Renta.
El Estado Dominicano solicitó a la CIDH, a principios de enero pasado, el cese de la medida cautelar dictada en diciembre de 2011 y que buscaba que se le realizaran exámenes médicos a Álvarez Renta y se le dispensara el tratamiento adecuado para sus dolores de columna lumbar.
“Nosotros le demostramos a la CIDH que fue engañada, cuando se le dijo que Álvarez Renta estaba a punto de quedar parapléjico, paralítico y que se encontraba borde de la muerte”, dijo el doctor Ricardo Rojas León, uno de los abogados que representó al Estado Dominicano ante la CIDH, junto a la doctora Olga Morel de Reyes (coordinadora del equipo legal), Ramón Pina Acevedo, Francisco Javier Benzán, Luis Manuel Piña y José Lorenzo Fermín.
Rojas León explicó que el Estado Dominicano depositó evidencias ante la CIDH que demuestran que Álvarez Renta“ni es un enfermo terminal, ni corre el riesgo de quedarse paralítico o parapléjico”, resaltando que entre las pruebas destacan las declaraciones vertidas en un juicio por el médico del interno, doctor José Joaquín Puello Herrera.
Apuntó que también se le demostró a la CIDH que la Dirección General de Prisiones le ha otorgado a Álvarez Renta más de 250 permisos para salir de la cárcel y que el peticionario permanece fuera de la prisión hasta ocho horas, para apenas recibir una hora de terapia o tratamiento post-operatorio.
“También le demostramos a la CIDH que el peticionario estaba utilizando la solicitud de medida cautelar como una patente de corso, para intentar burlar la prisión que le fue impuesta, reclamando en varias jurisdicciones una prisión domiciliaria para la que no califica”, dijo el representante del Estado Dominicano en ese caso.
La delegación dominicana que el pasado 24 de marzo solicitó en la CIDH el cese de la medida cautelar, estuvo encabezada por el embajador dominicano ante la OEA, doctor Roberto Saladin, e integrada por la Ministra Consejera, licenciada Mayerlyn Cordero, y los abogados Ricardo Rojas León, Luis Manuel Piña y José Lorenzo Fermín.
También formaron parte de la delegación dominicana ante la CIDH, el Director General de Prisiones, doctor Mario Acosta, y el presidente de la Sociedad Dominicana de Fisiatría, el médico fisiatra, doctor Manuel Arturo Saviñón.