En las últimas semanas, algunos estados de Brasil han vivido una situación peculiar con la huelga (o el intento de huelga) de sus fuerzas policiales. Antes de entrar al análisis del tema, es importante aclarar que en el sistema federalista brasileño las policías son de responsabilidad de los estados de la federación. La excepción es la Polícia Federal -responsable de las fronteras y del combate contra el narcotráfico y los ilícitos transnacionales- que queda bajo control del gobierno en Brasilia.
Como no hay una política salarial nacional para las diferentes polícias, en Brasil tenemos una diferencia enorme de ingresos. Hay estados que pagan a un efectivo que inicia la carrera 620 reales (alrededor de US$ 344 mensuales) hasta otros que pagan al mismo oficial 2.576 reales (unos US$ 1431 mensuales), según datos de noviembre de 2011.
Aunque no tenga el sueldo más bajo entre las policías, fue en el Estado de Bahia donde la huelga policial generó una situación caótica. En 12 días, el número de homicidios alcanzó la cifra de 180 personas, a un promedio de 14 muertes por día. Según información de medios de prensa, la mayoría de los homicidios fueron obra de la propia policía en huelga contra usuarios de drogas y narcotraficantes involucrados con la corrupción policial.
La cima del conflicto se produjo cuando diversas policías de otros estados comunicaron la intención de lanzar también un paro. La única que cumplió fue la policía militar de Río de Janeiro. Sin embargo, la fuerte respuesta del gobernador Sergio Cabral frustró el intento.
Enfrentado a esta situación, Brasil debate hoy sobre la legitimidad de los sindicatos policiales. Una categoría que utiliza armas para proteger a la población y el orden legal ¿puede tener el derecho a lucha a través de huelgas? Si la respuesta es no, ¿cómo garantizar que las fuerzas policiales tengan un sueldo justo para la manutención de sus familias? Aunque no tengamos respuestas preparadas para estas cuestiones, la sola apertura del debate ya es muy importante en un país de tanto peso en el escenario mundial.
Entiendo que lo principal que nos ha enseñado el paro que afectó a los estados de Bahía y Río de Janeiro es la necesidad de establecer una escala de sueldos policiales que pueda ser utilizada por toda la federación. Dejar los salarios librados a la responsabilidad (o la falta de ella) de los funcionarios y legisladores estaduales es una política que intenta mantener la esencia del federalismo pero que en la práctica atenta contra la misma - como lo ha demostrado esta huelga con su alto costo en vidas y su desafío al propio Estado de Derecho.