Rafael A. Escotto.
Los casos de los magistrados Baltasar Garzón (España) y de Julio Aníbal Suárez (República Dominicana), aunque ocurrieron en geografías social, política y moralmente diferentes, están enlazadas por causas morales y por preservar la sociedad de aquellos actos considerados inmorales promovidos por los individuos y por el propio Estado.
Ambas posiciones suscitaron, cada cual en sus contextos cosmográficos, el que Garzón esté irracionalmente en el banquillo de los acusados en España y Suárez, desterrado de la Suprema Corte de Justicia por haber recurrido a su intima convicción y haber guardado la ética en su descenso en el caso de la estafa millonaria contra el Estado Dominicano en el asunto de la Sun Land, en el que están involucrado funcionarios al más alto nivel del gobierno del presidente Fernández.
El Juez Baltasar Garzón se ha distinguido en la competencia internacional como abanderado en la persecución de las dictaduras hispanoamericanas, por estimular la lucha contra el narcotráfico y por haber colaborado a la derrota de la ETA y, en este momento, se defiende de una acusación que busca su invalidación como juez por haber grabado en la cárcel a la organización corrupta Gurtel, en la que se sospecha están implicados los abogados de sus acusadores.
El mal sabor que dejan estos hechos en ambas sociedades se sustenta en que las instituciones llamadas a velar por la moral, la decencia y la imparcialidad, como debe ser la Justicia, ha sido penetrada en España como en República Dominicana--más en esta última--, por el bajo mundo de las drogas, el lavado de activos y del crimen organizado, en todas sus vertientes y manifestaciones delictuales.
España, al igual que la República Dominicana, ha coexistido un trayecto de vida política que ha oscilado entre el liberalismo democrático, golpes de Estado, absolutismo monárquico con Fernando VII a la cabeza, bajo el pretexto de que la monarquía absoluta es una obra de la razón y de la inteligencia: esta subordinada a la ley divina, a la justicia y a las reglas fundamentales del Estado y, finalmente, por levantamientos, como el de Juan Romero Alpuente, denominado la revuelta de los huérfanos que conminó al rey Fernando VII a aceptar la Constitución liberal de Cádiz de 1812, llamada La Pepa, por haber sido promulgado el día de San José.
Nuestro país ha pasado por estos mismos vaivenes constitucionalistas y, sobre todo, heredó de España la falta de institucionalidad democrática de los años del despotismo, hasta el grado de que en este gobierno de Leonel han aparecido multiplicado, aquel personaje del bandolero llamado Juan Alfonso 'El Barbudo', que atemorizaba a la gente gritando ¡viva Fernando VII, ¡viva la religión y muera la Constitución.
El juez don Julio Aníbal Suárez, un hombre inteligente, honesto, justo, trabajador y eficiente, frente a la jugada de Leonel de formar una Corte Suprema a la medida de las que han sido sus actuaciones políticas más desdichadas y funestas para los intereses generales del país, cuyas acciones no han permitido promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la nación, debe hacer suyas, como lo hizo el juez Garzón en España, la frase de Willy Brandt, ex canciller de la República Federal Alemana, quien advirtió que: “Abrir la puerta a la primera injusticia es abrir la puerta a todas las que siguen”.
Leonel estuvo bailando con el ex presidente de la Suprema hasta que este último le complació todos los pasos, artimañas e indelicadezas que se inventara el dueño de la fiesta, llegando al punto de prometerle seguir en el cargo y él ingenuamente se lo creyó. Llegado el momento, el presidente movió hábilmente su ficha y colocó para su protección, por lo que pueda pasar más adelante, a uno de su entera confianza y miembro de su propio partido, el de la Liberación Dominicana, quedándose Subero Isa como reza el refrán: “como perico en la estaca”.
El autor es abogado.
