SAN JOSE (AP) — Los representantes del Estado dominicano intentaron el martes introducir la tesis de un posible suicidio en los interrogatorios por el caso contra República Dominicana por la desaparición forzada del profesor universitario Narciso González en 1994.
La audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) inició con las declaraciones de Altagracia Ramírez y Mario Suriel Núñez, esposa y amigo de González, y continuó con el testimonio del juez Eduardo Sánchez, quien estuvo a cargo de la investigación del caso entre 1998 y 2001.
Los tres trabajan en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde también laboraba González.
A Sánchez, el agente estatal Bolívar Sánchez le consultó sobre la hipótesis de un posible suicidio de González, a lo que el juez relató que algunos testigos que entrevistó rechazaron esa versión, pero que otro, identificado como Jimmy Sierra, comentó que en casa de González se habló de esa tesis luego de su desaparición, en mayo de 1994.
"Esa versión se confrontó con un amigo de él de apellido Américo, pero él dijo que era difícil que eso hubiera sucedido. Fue el profesor Sierra fue el que mencionó eso", acotó Sánchez.
Detalló que Sierra se habría referido a un "suicidio moral", pero cuando el agente estatal le pidió ampliar sobre el tema del suicidio, el testigo titubeó y explicó: "no me recuerdo". También dijo no haber tenido conocimiento de algún documento que apuntara a esa posibilidad.
Los representantes del Estado también abordaron el tema con Suriel Núñez, quien alegó que la presunta víctima padecía alguna dolencia, pero nada que le impidiera su desempeño normal, y recordó el discurso ofrecido por González durante una asamblea en la UASD que, a criterio de su familia y amigos, fue el detonante de su desaparición.
"Pronunció un discurso contundente, pero de forma sosegada... llamó a la desobediencia civil", dijo en una apasionada intervención, para destacar que el mismo González denunció a altos jefes de la policía y militares que habrían recibido dinero para avalar el fraude electoral en esa época.
Concluyó afirmando estar "seguro que se trató de un crimen político de Estado".
Sobre una eventual enfermedad de González, el agente estatal Frank Soto Estado también consultó a Ramírez sobre la hipótesis de un suicidio, provocando la intervención de CEJIL, organización que actúa como una de los representantes de las presuntas víctimas. El presidente de la Corte, el juez peruano Diego García-Sayán, permitió la pregunta.
"Déjeme decirle que para mí ha sido un asombro. Narciso nunca estuvo a la espalda de la problemática de mi país, un día antes hubo una asamblea en la universidad, y él me decía: 'Es acción lo que queremos'. Una persona que habla así y que actúa así no está pensando en esa posibilidad (de suicidio)", respondió Ramírez.
Aparte de dar detalles sobre cómo se enteró de la desaparición de su esposo y todo lo que ha sucedido 17 años más tarde, Ramírez contó a los jueces que, desde entonces, ella y sus hijos acuden a terapia con un psicólogo.
"Mi hija Jenny González llegó a tomarse pastillas porque ella quería juntarse con su padre, en ese período pierdo a mi hijo menor, pierdo a mi madre... no es nada fácil", dijo con la voz quebrada para añadir luego que su familia quedó en un descontrol total. "Mi hijo menor decía que quería meterse a la milicia para encontrar al asesino de su padre", añadió.
Al final, Ramírez miró a los jueces y manifestó que espera que la Corte le ayude a encontrar a los "responsables e irresponsables" por lo sucedido con su esposo.
"Que nos digan dónde está el cuerpo; tengo tres nietos y quisiera que mañana sigan oyendo lo que fue su abuelo, un hombre que vivía para otros... él decía en la cara lo que muchos decían debajo de la cama. Justicia, es lo que espero yo, mi familia y el pueblo dominicano", finalizó.
La sesión, que se extendió por más de cuatro horas, continuará el miércoles, pero el martes cerró con una amplia declaración del experto Federico Andreu, quien se refirió a los estándares internacionales para investigar casos de desaparición forzada. "Desde 1983 el sistema interamericano calificó la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad", comentó.
La Corte, que tiene su sede en la capital costarricense, inició el lunes un período de sesiones ordinarias que se extenderá hasta el 9 de julio con la presencia de seis de los siete jueces, pues el juez Alberto Pérez de Uruguay no pudo viajar por enfermedad.
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