En el plan de Dios la vida es tan sagrada que Él, en su infinita sabiduría, la protegió con el quinto mandamiento del Decálogo que ordena: “No matarás “.
Es muy lamentable que en la sociedad dominicana se fomenta el irrespeto por la vida desde las mismas instituciones del Estado, como es el caso de la Policía Nacional, que cada año priva de la vida a más de doscientos dominicanos en los tristemente célebres “intercambios de disparos”.
Esta figura de violencia institucional debe desaparecer, porque si no tenemos la pena de muerte por la sentencia de un juez investido de poder para administrar una justicia que conduzca a tener algún temor para que quien le quita la vida a otro temiera exponerse a perder la suya mediante una sentencia justa e imparcial por un juez autorizado para administrar justicia.
Los hechos de sangre de esta semana, empezando por los dos difuntos de Santiago y de Barahona en ocasión de la convención interna del PLD, y los tres muertos de Santo Domingo, entre los que perdimos a un hombre joven con una trayectoria de hombre de bien y de servicio a sus ciudadanos como lo fue Juan de los Santos, honorable Alcalde de Santo Domingo Este.
Este es un hecho que ha estremecido la conciencia nacional.
Ojalá que aprendamos a atacar las causas de tanta violencia originada en parte por falta de justicia, ya que según narran los hechos, el mayor detonante de estas tres muertes fue un embargo violento, sin que mediara una solución pacífica, donde se respetaran los derechos de todas las partes.
Según informaciones de la viuda del matador, no había una ordenanza del Ministerio Público que autorizara ese desalojo, que dejó a una familia en “las calles de Dios, además se le desmontó de su vehículo con niños que iban a la escuela”.
La violencia engendra violencia. Ojalá que la justicia se abstenga de autorizar “embargos”, ya que éstos son la mayoría de las veces abusivos, denigrantes e inhumanos.
La regla de oro es ponernos en los zapatos del otro.
Ojalá que la figura del embargo fuera abolida por aberrante e inhumano en las mayorías de los casos.
En mi humilde opinión la peor violencia es la institucional, vinculada al Poder, porque tiende a perturbar el orden jurídico, ya que viola los derechos de los individuos y perturba la paz ciudadana.
Este ha sido el caso patético de todas las candidaturas impuestas a cambio de la violación de nuestra Constitución para instaurar una reelección que no se justifica, porque es violatoria de la democracia y del principio de la alternabilidad en los poderes del Estado.
Quiero terminar señalando actividades que el Estado ha institucionalizado con un alto grado de responsabilidad:
1ra. El motoconcho que cobra la vida de más de 1500 jóvenes al año y deja a otros tantos mutilados para siempre.
El Estado, como guardián del Bien Común y del orden público, nunca debió permitir este sistema de transporte, donde en un pequeño motor vemos 5 y 6 personas expuestas a morir al doblar de cualquier esquina.
2do. Los permisos para armas de fuego con el pretexto de recaudar dinero.
3ro. El tráfico de armas ilegales, donde se vincula la Policía y algunos de sus miembros.
4to. Un transporte público caótico, que es una fuerte amenaza contra la vida de pasajeros y peatones. Hoy los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en la República Dominicana.
Un presidente no debe dar prioridad a su popularidad, sino que debe cumplir con su obligación primaria de ser un fiel guardián de la justicia, la vida y el Bien Común caiga quien caiga.
Esperamos señales claras de un cambio para que la vida sea respetada y valorada desde todas las instancias de los poderes del Estado.
Juan Nunez Collado