El tribunal del Vaticano abrió hoy juicio contra cinco imputados por filtración y divulgación de documentos secretos en el caso conocido como "Vatileaks2" y anunció que el próximo lunes comenzarán los interrogatorios.
En el banquillo de la sala, presidida por el juez Giuseppe Dalla Torre, se sentaron el sacerdote español Lucio Vallejo Balda, la ex relaciones públicas italiana Francesca Chaouqui, el excolaborador del organismo vaticano COSEA Nicola Maio y los periodistas Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi.
Dalla Torre rechazó la petición de la abogada de Vallejo, Emanuela Bellardini, de tener más tiempo para preparar su defensa después de que la letrada indicara que el caso le había sido asignado de oficio esta misma mañana.
El presidente del tribunal también rechazó la petición de Fittipaldi, quien consideró nulo su envío a juicio ya que en el acta de imputación, alegó, no se incluyen ni los cargos precisos ni los documentos que se le acusa de haber filtrado.
La primera audiencia comenzó a las 10.34 hora local (09.34 GMT) y concluyó una hora y 45 minutos más tarde, con los cinco imputados sentados a la izquierda del tribunal y con la asistencia de sus abogados.
Vallejo, que fue secretario de la extinta Comisión investigadora de los organismos económicos y administrativos de la Santa Sede (COSEA), se declaró "sereno y tranquilo" a los periodistas que pudieron seguir esta primera sesión porque en el Vaticano, donde se le trata "muy bien", se siente "protegido".
Además, el sacerdote español, que permanece en el Vaticano desde su detención el pasado 1 de noviembre, explicó a la prensa que ha sabido que la intención de las autoridades del Vaticano es que el juicio "se acabe lo más pronto posible".
Se trata del tercer juicio que se celebra en el Estado pontificio después del primer caso "Vatileaks" contra el mayordomo de Benedicto XVI, Paolo Gabriele, por los mismos delitos en 2012.
Sobre los imputados pesan los cargos de filtración y publicación de documentos reservados de la Santa Sede, y el sacerdote español, Chaouqui y Maio están acusados además de asociación para la divulgación de estos documentos.
En concreto, están acusados de violar el artículo 116 bis, introducido por papa Francisco en 2013, y que contempla el delito de "procurarse ilegítimamente o revelar noticias o documentos de los que está prohibida la divulgación".
El Código de Derecho Canónico pena este delito con entre seis meses y dos años de prisión o la multa de 1.000 a 5.000 euros.
En el caso de que estas noticias o documentos fueran de "interés fundamental o de relaciones diplomáticas de la Santa Sede o del Estado se aplicará la pena de cuatro a ocho años de reclusión". EFE
efe