El renacimiento de la campaña en contra del aborto tiene un claro mensaje de advertencia hacia las autoridades políticas de la nación que motivaron ese hecho. Tenemos el deber de señalar que las iglesias, tanto la Católica como la Evangélica, parece que serán intolerables en el proceso electoral en contra de los responsables de la aprobación de una disposición que busca la legalización del aborto.
De las cosas que hablan los líderes religiosos en reuniones de los diferentes niveles, el público no conoce ni el diez por ciento a través de los medios de comunicaciones.
Como la Constitución del 2010, aprobada en el gobierno del presidente Leonel Fernández mantiene el derecho a la vida desde su concepción, cualquier decisión que se tome en el Congreso Nacional sin modificación la Carta Magna en ese aspecto, es inconstitucional, porque ninguna ley adjetiva está por encima de la llamada “Ley de Leyes”.
No hay ningún tipo de duda de que las instituciones religiosas van a hacer su trabajo negativo en contra de quienes favorecieron el aborto. En la mayoría de los templos católicos se está haciendo la aclaración de que si se presenta un caso en el cual está en peligro la vida de la madre y la criatura, los médicos conscientemente deben hacer los debidos esfuerzos para salvar a ambas personas antes de tomar cualquier otra decisión.
La inclusión del aborto en el Código Penal es un tema que la iglesia Católica está llevando a todos los rincones del país, advirtiéndoles a sus feligreses que matar a una criatura antes de nacer, inocente e indefensa, es un crimen mayor que asesinar a una persona en su pleno desarrollo, aunque también condenado por la institución.
Pero hay otro gran problema que deja el aborto: El trauma ocasionado por el grado de culpabilidad de la madre que mató a su hijo e hija en su vientre, provocando el suicidio de ésta o la locura.
Las iglesias tienen el listado de los legisladores que votaron a favor del aborto y en contra.
No resolver ese problema podría tener un alto costo político para la mayoría de los que hicieron posible la aprobación del aborto, aunque, por suerte, en el país existe el Tribunal Constitucional, que frena las violaciones a la Constitución y donde descansa, para bien de los religiosos, una oposición a la legalización de esa gran industria del crimen, que haría más multimillonario a ese sector, de aprobarse definitivamente.
En cuanto a las advertencias de deportaciones de los ciudadanos ilegales que hay en nuestro país, los más afectados son los haitianos, los cuales no tienen, en su mayoría, ni un papelito que identifique su nacionalidad.
Pero son seres humanos víctimas de las injusticias sociales, por lo que hay que respetarles su derecho. No estamos escribiendo que la Ley no se cumpla. Se sabe que el proceso de irregularidad de millones de haitianos es fruto de la incompetencia de las autoridades haitianas, las cuales se caracterizan, en su mayoría, por la irresponsabilidad.
Haití es un país donde un pequeño grupo vive muy bien, pero más del 90 por ciento desarrolla sus actividades en condiciones de pobreza extrema. Pero tenemos que ser justos. Los haitianos, legales o no, hacen grandes aportes a la economía dominicana, por lo que es necesario actuar con toda la prudencia necesaria.
Pero también debemos preguntar: ¿Qué sería de los haitianos pobres sin un vecino como la República Dominicana?
Gracias por leernos.
Luis Céspedes Peña