El fiscal Gerardo Pollicita solicitó ayer la imputación de la presidenta
argentina, Cristina Fernández, y otros funcionarios a partir de la denuncia del
fallecido fiscal Alberto Nisman, una decisión que fue aplaudida por la oposición
y sobre la que el Gobierno no se pronunció hasta ahora.
Pollicita solicitó al juez Daniel Rafecas, encargado de la causa, que impute a Fernández, al canciller Héctor Timerman y a varios dirigentes oficialistas por encubrimiento y, en el caso de los funcionarios, por posible incumplimiento de los deberes que les corresponden.
Nisman, fiscal especial de la causa sobre el atentado contra la mutua judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, apuntó a Fernández como máxima responsable de un plan para encubrir a los iraníes sospechosos de ser los autores de ese acto terrorista.
Tras la presentación de Pollicita, el juez Daniel Rafecas, canceló sus vacaciones y reasumirá sus funciones el próximo miércoles 18, cuatro días antes de lo previsto, según difundió ayer el Centro de Información Judicial (CIJ).
Pollicita acusa a la presidenta y a sus colaboradores de “encubrimiento por favorecimiento personal agravado”, según la presentación difundida hoy en la página web de la Fiscalía argentina.
Además, el fiscal también considera que las acciones del Gobierno “podrían tener encuadre típico bajo las figuras de impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El pedido de imputación también alcanza al diputado kirchnerista Andrés Larroque, al militante oficialista Luis D’Elia, al dirigente islámico Jorge “Yussuf” Khalil, al militante Fernando Esteche, al exfiscal Héctor Luis Yrimia y a un supuesto espía identificado como Héctor Bogado.
En la denuncia de Nisman, el memorándum de entendimiento firmado con Irán en 2013 aparece como el principal instrumento de un supuesto acuerdo para eliminar las circulares rojas emitidas por Interpol contra los sospechosos iraníes a cambio de que Argentina pudiera comprar petróleo a Irán.
Según la solicitud ante el juez Rafecas, “para llevar a buen puerto el acuerdo con Irán y lograr la impunidad de los acusados, se hizo creer que se buscaría el consenso de todo el arco político para avanzar en un pacto, pero -en los hechos- se desoyeron las múltiples y extendidas opiniones contrarias” a ese acuerdo.
“Se articularon puestas en escena para mostrar falsos avances diplomáticos ante la sociedad argentina”, añade la presentación del fiscal.
Desde que Nisman hizo pública su denuncia, el Gobierno argentino ha argumentado que los supuestos beneficios derivados del presunto encubrimiento nunca se concretaron.
(+)
APLAUDEN AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN
Referentes de los principales partidos de oposición de Argentina remarcaron ayer la “gravedad institucional” que se vive en el país tras el pedido de imputación a la presidenta, Cristina Fernández, pero aplaudieron “un avance” en la investigación por presunto encubrimiento de terroristas.
Diputados y senadores de la oposición se hicieron eco del dictamen presentado hoy por el fiscal Gerardo Pollicita en el que instó al juez federal Daniel Rafecas a imputar a la mandataria argentina y a funcionarios públicos por el delito de encubrimiento. “En principio me parece que hay un avance en el reconocimiento de la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman que ahora da lugar a una causa judicial con lo cual se le da envergadura que el Gobierno intentó negar”, señaló la diputada del bloque Unión Pro Patricia Bullrich en diálogo con la agencia española Efe. “Estamos en los primeros pasos, pero el hecho de que Pollicita haya decidido abrir el procedimiento judicial es porque analizó que la causa tenía suficientes elementos para arrancar”, añadió.
Pollicita solicitó al juez Daniel Rafecas, encargado de la causa, que impute a Fernández, al canciller Héctor Timerman y a varios dirigentes oficialistas por encubrimiento y, en el caso de los funcionarios, por posible incumplimiento de los deberes que les corresponden.
Nisman, fiscal especial de la causa sobre el atentado contra la mutua judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, apuntó a Fernández como máxima responsable de un plan para encubrir a los iraníes sospechosos de ser los autores de ese acto terrorista.
Tras la presentación de Pollicita, el juez Daniel Rafecas, canceló sus vacaciones y reasumirá sus funciones el próximo miércoles 18, cuatro días antes de lo previsto, según difundió ayer el Centro de Información Judicial (CIJ).
Pollicita acusa a la presidenta y a sus colaboradores de “encubrimiento por favorecimiento personal agravado”, según la presentación difundida hoy en la página web de la Fiscalía argentina.
Además, el fiscal también considera que las acciones del Gobierno “podrían tener encuadre típico bajo las figuras de impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El pedido de imputación también alcanza al diputado kirchnerista Andrés Larroque, al militante oficialista Luis D’Elia, al dirigente islámico Jorge “Yussuf” Khalil, al militante Fernando Esteche, al exfiscal Héctor Luis Yrimia y a un supuesto espía identificado como Héctor Bogado.
En la denuncia de Nisman, el memorándum de entendimiento firmado con Irán en 2013 aparece como el principal instrumento de un supuesto acuerdo para eliminar las circulares rojas emitidas por Interpol contra los sospechosos iraníes a cambio de que Argentina pudiera comprar petróleo a Irán.
Según la solicitud ante el juez Rafecas, “para llevar a buen puerto el acuerdo con Irán y lograr la impunidad de los acusados, se hizo creer que se buscaría el consenso de todo el arco político para avanzar en un pacto, pero -en los hechos- se desoyeron las múltiples y extendidas opiniones contrarias” a ese acuerdo.
“Se articularon puestas en escena para mostrar falsos avances diplomáticos ante la sociedad argentina”, añade la presentación del fiscal.
Desde que Nisman hizo pública su denuncia, el Gobierno argentino ha argumentado que los supuestos beneficios derivados del presunto encubrimiento nunca se concretaron.
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APLAUDEN AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN
Referentes de los principales partidos de oposición de Argentina remarcaron ayer la “gravedad institucional” que se vive en el país tras el pedido de imputación a la presidenta, Cristina Fernández, pero aplaudieron “un avance” en la investigación por presunto encubrimiento de terroristas.
Diputados y senadores de la oposición se hicieron eco del dictamen presentado hoy por el fiscal Gerardo Pollicita en el que instó al juez federal Daniel Rafecas a imputar a la mandataria argentina y a funcionarios públicos por el delito de encubrimiento. “En principio me parece que hay un avance en el reconocimiento de la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman que ahora da lugar a una causa judicial con lo cual se le da envergadura que el Gobierno intentó negar”, señaló la diputada del bloque Unión Pro Patricia Bullrich en diálogo con la agencia española Efe. “Estamos en los primeros pasos, pero el hecho de que Pollicita haya decidido abrir el procedimiento judicial es porque analizó que la causa tenía suficientes elementos para arrancar”, añadió.